TTPI, la protección de los consumidores en peligro

Bajo el acrónimo TTPI (Tratado Transatlantico de Libre Comercio e Inversión) conocido en inglés por TTIP, se está negociando desde mediados de 2013 la zona de libre comercio entre los EE.UU. y la UE: los líderes políticos involucrados en la negociación se sientan en una misma mesa con representantes de grandes grupos de presión industriales, decidiendo bajo exclusión de la opinión pública el futuro de la protección de los consumidores y del medio ambiente a ambos lados del Atlántico. Los ciudadanos europeos no sólo se quedan en situación de “fuera de juego” en este proceso, sino que el mismo conlleva graves retrocesos democráticos.

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Este es el problema
Con el TTPI se pretende eliminar los impedimentos comerciales "no tarifarios", esto es, que los estándares de producto, las obligaciones relativas a la protección del clima y todas las demás limitaciones comerciales excepto los aranceles, den mayor facilidad a la compraventa de mercancías y servicios entre la UE y los Estados Unidos. Pero, con el TTPI se pretenden eliminar todas las garantías que en Europa se han conseguido de protección del consumidor y del medio ambiente.

Químicos tóxicos por la cara
Uno de los mayores impedimentos comerciales que se pretende eliminar es el Principio de Precaución. Implícito en la creación de la Unión Europa, este principio es uno de sus mayores éxitos y en el mismo se establecen las garantías para los consumidores y la protección del medio ambiente. Estas garantías además forman parte de la Constitución Europea.

Un de los productos de consumo sometidos a mayor vigilancia son las sustancias químicas que se comercializan. Y esto es lo que llevó a la creación del Reglamento de Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas (abreviadamente REACH, de su forma inglesa Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals). Esta normativa, aunque es imperfecta, al menos establece unas condiciones mínimas para que en las sustancias químicas comerciales se especifiquen los riesgos que conlleva su uso.

En los EE.UU., por el contrario, sólo se considera este tipo de proteccionismo inadmisible. En Europa, la sola sospecha de nocividad de un producto, sustancia o proceso determinado ya justifica su prohibición. En cambio en los EE.UU., sin embargo, es aplicable lo siguiente: mientras no se haya demostrado el carácter nocivo de un producto, sustancia o proceso determinado, sigue estando permitido su uso. Conforme a los estándares estadounidenses, tampoco existe la transparencia respecto a los derechos propios del consumidor.

Los EE.UU. han exigido que la UE se transigente en las cuestiones relativas al principio de precaución como condición previa a la aprobación del tratado de libre comercio. Por tanto el TTPI significar la abolición de este logro de restricción de sustancias tóxicas y que es el resultado de años de lucha por parte de los sindicatos y los consumidores europeos.

Productos cárnicos con hormonas y transgénicos
Otro aspecto esencial que plantea el TTPI es que el libre comercio entre los EE.UU. y la UE pueda promocionarse. Para ello se persigue igualar los estándares medioambientales y de protección del consumidor con los criterios estadounidenses que son claramente menos garantes para la salud de la ciudadanía.

Otro ámbito en el que el TTPI quiere abolir todas las garantías que ahora hay en el mercado europeo es respecto a los productos cárnicos con hormonas y los productos alimentarios que incorporan organismos modificados genéticamente (transgénicos). Las grandes multinacionales norteamericanas como Monsanto y otras también europeas pretenden poder comercializar productos con hormonas y transgénicos a su aire en el mercado europeo.

•   Productos cárnicos transgénicos: mientras que en los EE.UU. pueden clonarse animales para la producción de productos alimentarios, en Europa esto está prohibido. Pero con el tratado de libre comercio, la carne y la leche del ganado vacuno clonado de los EE.UU. pronto podría venderse en los supermercados europeos, sin necesidad de ningún tipo de identificación.
•   Productos cárnicos con hormonas: los ganaderos estadounidenses pueden utilizar hormonas que fomentan el crecimiento en el engorde del ganado vacuno. De esta manera se consigue un gran desarrollo muscular a pesar de que los terneros se encuentren estabulados en espacio mínimo.
•   Carne de pollo clorada: en los EE.UU., la carne de ave se trata con agua clorada para eliminar bacterias como puedan ser las salmonelas. En Europa es un procedimiento controvertido y, de momento, está prohibido, pero con el tratado de libre comercio este tipo de carne tratada pronto podría importarse hacia Europa.

La lista de los ejemplos podría ampliarse a voluntad. Como hemos mencionado el gigante agroquímico Monsanto se complace de que los largos procedimientos de admisión y autorización y las prohibiciones de cultivo de organismos modificados genéticamente en breve podrían pasar a ser historia. Poco pueden consolar las promesas hechas por el presidente de los EE.UU., Barak Obama, en marzo del año en curso: "Estamos trabajando duro para que con el TTIP podamos proteger mejor el medio ambiente y a los consumidores". La realidad es otra: el TTIP sobre todo tendría repercusiones negativas para los consumidores permitiendo sin control alguno de la administración introducir productos que no hay garantías suficientes para demostrar su inocuidad para la salud de las personas.

Los estándares se reducen, los consumidores pierden su poder
No es suficiente que los estándares de protección del consumidor en Europa se reduzcan. Así, el TTIP se ha diseñado como un "acuerdo sujeto a cambios" (living agreement), tratándose de una colaboración reglamentaria a largo plazo. Esto significa, que los legisladores estadounidenses y europeos deliberan sobre como equiparar en el futuro la legislación. Esto no sólo afecta a la leyes de nuevo cuño, sino también a las leyes ya existentes. O sea, que cuando en la UE y en los países miembros se acuerden leyes, en todo caso deberá controlarse de qué manera afectan a las disposiciones del TTIP. Hablando sin rodeos: ¡en el futuro difícilmente será posible acordar estándares más estrictos en relación con los derechos del medio ambiente, de los consumidores o de los animales domésticos! En el mejor de los casos, los estándares actuales se congelan y serán prácticamente inalterables. Es por tanto un ataque directo a las garantías constitucionales que existen actualmente en Europa.

De aprobarse el TTPI, esto comportaría que los representantes elegidos del pueblo de hecho no tendrían capacidad de actuar en cuestiones relativas a la protección del medio ambiente, de los consumidores y de los animales. De esta manera, los consumidores de Europa y los Estados Unidos y Canadá, si se considera el Acuerdo integral de Economía y Comercio o Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) pierden cualquier posibilidad de influenciar o presionar para ampliar y mejorar estos derechos. Incluso si el Parlamento Europeo decidiera, por ejemplo, que se identifique clara y exhaustivamente los productos que contengan sustancias procedentes de transgnénicos (OMG), estas resoluciones podrían no ser vinculantes, ya que contravendrían las disposiciones del TTPI o tratado de libre comercio.

Los fondos recaudados, para los inversores
En el caso de que sí se promulguen leyes y reglamentos que puedan ser adecuados para deteriorar inadmisiblemente la posición competitiva de una empresa, será posible citar a las naciones ante tribunales arbitrales. Tribunales arbitrales creados por miembros de las propias empresas multinacionales. Estos tribunales no controlados por sistemas democráticos, frente a una demanda de una empresa que valore que se ponen trabas que impidan vender productos sin garantías ambientales o para a la salud, las multinacionales podrán exigir indemnizaciones por daños y perjuicios de miles de millones de euros. Esto implica que con dinero público se financiarían a aquellas empresas que desean producir conforme a los estándares más reducidos posibles o que perjudican al medio ambiente y a la salud.

Los ciudadanos y ciudadanas en "fuera de juego"
Los consumidores europeos y americanos no ostentan ningún derecho de intervención cuando se trata de decidir su propio futuro. Actualmente, las negociaciones se llevan a cabo en secreto y excluyendo a la opinión pública. Desde Enero 2014, la Comisión Europea y los departamentos encargados de las negociaciones por parte de la UE, es asesorada por una comisión en la que también se encuentran representantes de los grandes grupos de presión agrícolas y alimentarios, a saber, la Food and Drink Europe y la federación agrícola convencional Copa-Cogeca.

Los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo no tienen posibilidades de intervención reales en esta negociación, aunque se precisa de su aprobación formal. Cuando el tratado TTIP se haya redactado definitivamente, será presentado una sola vez a los parlamentarios europeos para su aprobación, sin debate público y menos no será votado por la ciudadanía. Este procedimiento de aprobación que se pretende con el TTPI vulnera los principios fundamentales de la democracia tal como la conocemos. Cualquier tratado internacional debe ser negociado por instituciones elegidas democráticamente y, además, todos los documentos a negociar deben ser de dominio público sin restricción alguna. Los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho a decidir cuando se esta negociando su futuro.

La ambigüedad sobre los “beneficios” del TTIP
Los defensores de la TTIP argumentan que, reduciendo las barreras aduaneras, se fomenta el comercio, de modo que los consumidores podrán comprar mercancías importadas más económicas. También argumentan que, a su vez, se estimularía el crecimiento económico. No obstante, los aranceles aduaneros entre los EE.UU. y la UE ya son tan bajos, que un estudio del European Centre for International Political Economy, favorable al TTIP, proporciona pronósticos de crecimiento muy modestos. Por tanto, los supuestos beneficios para la economía europea serían mínimos y los perjuicios máximos.

Las partes negociadoras desean eliminar los obstáculos al libre comercio. Pero incluso en el dudoso supuesto de que la reducción de las leyes y las medidas para la protección de los intereses públicos condujera a un crecimiento económico, los pronósticos siguen siendo pobres según el citado estudio. Teniendo en cuenta esto, queda claro que: las consecuencias negativas para los ciudadanos y ciudadanas superan por mucho el ficticio beneficio económico que incluso en los pronósticos más positivos es reducido.

La protección de los consumidores y del medio ambiente machacada por los intereses de los inversores
La opinión de las organizaciones de protección del consumidor es contundente: los intereses económicos nunca deben prevalecer antes los intereses de los ciudadanos y ciudadanas ni tampoco pueden socavar la protección del medio ambiente. El Principio de Precaución debe ser un principio fundamental inalienable en cualquier política para proteger la calidad de vida de los consumidores. Por ello las Organizaciones de Protección del Consumidor advierten que, en el caso de que se llegue a un tratado de libre comercio se apruebe, éste deberá garantizar lo más altos estándares posibles de protección de los consumidores, dejando espacio para que estos estándares puedan adaptarse y mejorar continuamente.

Si el comercio internacional no evoluciona con la mejora de los estándares de protección del medio ambiente y de los consumidores nuevos y, en caso necesario, más estrictos supone un atentado inadmisible. Un tratado de libre comercio que recorte los derechos del consumidor y que, además, se acuerde en un proceso no democrático y secreto, no puede aceptarse bajo ningún concepto. De ahí la importancia de manifestarse y crear una corriente de opinión contraria al TTPI.

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