Junio, 2013.- La crisis económica de los últimos años ha posibilitado el descenso de las emisiones de gases de efecto invernadero, llegando en 2012 a una reducción del 1,9% respecto al año anterior. Sin embargo, según demuestra el análisis elaborado por José Santamarta para WWF-España, es imprescindible dar un giro a la política energética española para consolidar la tendencia descendente de emisiones cuando se inicie la recuperación económica. Este cambio pasa por fomentar un modelo sostenible, eficiente y renovable, donde se implique a todas las administraciones y agentes económicos y sociales. A continuación transcribimos las principales conclusiones de este informe.
El cambio climático y la crisis económica son las dos caras de un modelo de desarrollo insostenible. Las emisiones de CO2 siguen acopladas al desarrollo económico, por lo que en estos últimos años de crisis y recesión también han experimentado un descenso. En 2012 las emisiones de gases de invernadero disminuyeron un 1,9% respecto al año anterior. Después del descenso experimentado en 2012, las emisiones alcanzan un incremento del 18,7% respecto a 1990, año base del Protocolo de Kioto. En el periodo 2008-2012 España emitió una media de 24,5% de incremento frente al año base, superando así el 15% asignado por el Protocolo de Kioto.
El efecto de la crisis sobre las emisiones
El descenso de las emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2012 puede imputarse en buena parte a la crisis económica, que supone para ese año una moderación importante en el consumo de electricidad y en el uso del vehículo privado y en el transporte de mercancías. Los altos precios del petróleo, la paralización de la construcción, la caída en las ventas de automóviles, la disminución de la demanda eléctrica y de gas natural, así como el aumento del paro son en gran medida los responsables del descenso de las emisiones totales y de las emisiones por habitante que también se han visto reducidas de forma considerable, pasando de un máximo de 9,8 toneladas de CO2-equivalente en 2005 a 7,3 toneladas de CO2-equivalente en 2012.
Las emisiones del sector energético
El sector energético es el mayor responsable del conjunto de las emisiones, en 2012 representó el 78% del total. Las mayores emisiones se deben a la generación de electricidad y al transporte por carretera. El resto corresponde a las diez refinerías de petróleo, consumos energéticos de la industria, transporte aéreo, y usos residenciales y servicios (sobre todo calefacción y agua caliente sanitaria).
Las emisiones de la generación de electricidad crecieron un 25,4% entre 1990 y 2012, representando el 23,5% del total en 2012, siendo el sector eléctrico donde hay más posibilidades de reducir las emisiones y a un menor coste. Las energías renovables en España han evitado en 2012 la emisión de 38 millones de toneladas de CO2 y de cerca de 200 millones de toneladas de CO2 durante el periodo 2008-2012. La aportación de las energías renovables -sobre todo la eólica- a este resultado de reducción de emisiones es muy importante, por cuanto cubrieron el 31,2% de la generación de electricidad en 2012, muy por encima de lo que aportó la nuclear. En el lado opuesto se encuentra la generación de electricidad con carbón, que creció un 35,2% en 2012, y que explica el aumento de las emisiones en el sector de generación eléctrica de 8 millones de toneladas de CO2 en 2012 respecto a 2011. Estimamos que este aumento se debe al decreto que promueve el consumo de carbón y los bajos precios de los derechos de emisión de CO2 en 2012.
Las emisiones del transporte
Las emisiones en el transporte crecieron un 43,7% entre 1990 y 2012 y suponen el 21,7% del total. En el transporte por carretera las emisiones estuvieron desbocadas hasta 2007, pero la crisis económica las frenó en seco desde 2008. Estimamos que en el sector del transporte la reducción de emisiones se debe sobre todo al aumento de los precios de los combustibles y a la disminución de desplazamientos laborales y de mercancías los últimos años por efecto de la crisis.
A pesar del descenso de las emisiones de GEI en 2012, España sigue siendo uno de los países industrializados donde más han aumentado las emisiones respecto a 1990. Además nuestro país debe establecer una senda de reducción de emisiones acorde con las recomendaciones científicas, con objetivos ambiciosos para 2020, 2030 y 2050. En este sentido, España tiene la oportunidad de aumentar su ambición ya que el objetivo para los sectores difusos de disminución de emisiones en un 10% para 2020 referente a 2005 supone aumentar las emisiones actuales y no lanza el mensaje adecuado para establecer medidas permanentes de eficiencia energética.
El desarrollo económico fomenta las emisiones
Las emisiones de CO2 en España siguen acopladas al desarrollo económico, y faltan medidas estructurales que encaminen a nuestro país a un modelo de desarrollo bajo en carbono. Desde WWF contemplamos con mucha preocupación las acciones que en materia de energía se están llevando a cabo en España por parte del Ministerio de Industria ya que son un germen para una explosión de las emisiones una vez se recupere la economía en nuestro país. Las últimas reformas energéticas del gobierno socavan el avance y el liderazgo que anteriormente tuvo nuestro país en energías renovables y fomentan un modelo energético obsoleto basado en combustibles fósiles y energía nuclear.
Se siguen incentivando infraestructuras de carreteras de alta capacidad o los aparcamientos para automóviles, al tiempo que se cierran vías de ferrocarril. No se fomenta un el cambio modal en el transporte, ni la reducción de los desplazamientos. Para consolidar la tendencia de descenso de emisiones cuando se inicie la recuperación económica es imprescindible dar un giro a la política energética para fomentar un modelo sostenible, eficiente y renovable, implicando a todas las administraciones y agentes económicos y sociales.
Recomendaciones para encaminar a España hacia un modelo de desarrollo bajo en carbono, sostenible, eficiente y renovable
• Promover los proyectos nacionales y medidas internas de reducción de emisiones en todos los sectores fomentando la coherencia de políticas entre todos los ministerios.
• Acabar con la incertidumbre regulatoria en el sector eléctrico. Las energías renovables necesitan un marco legal básico que sea estable y que no esté sujeto a tantos cambios e incertidumbres en su sistema retributivo y en las condiciones técnicas y normativas en que se desenvuelve este sector.
• Fomentar las energías renovables. Acabar con la moratoria renovable, y garantizar unas retribuciones suficientes para impulsar su desarrollo y al mismo tiempo que se ajuste a la previsible evolución de costes y evite indeseables “burbujas”, mejorar el acceso a la red eléctrica, y evitar el establecimiento de trabas administrativas abusivas.
• Mejorar las políticas de innovación tecnológica: La inversión tanto pública como privada en I+D+i debe aumentarse y aprovechar el conocimiento adquirido y madurez tecnológica de las energías renovables.
• Autoconsumo con Balance Neto. Es necesaria la aprobación de la normativa que regule el autoconsumo energético y fomente la generación distribuida, lo cual permitiría a la ciudadanía disponer de su propia energía.
• Trasponer la Directiva de Eficiencia Energética optimizando el potencial de ahorro. Establecer un objetivo vinculante de reducción del consumo de energía primaria en un 20% en términos absolutos para 2020 respecto de 2005. Impulsar las empresas de servicios energéticos que ayuden a evaluar, diseñar y financiar planes y medidas de ahorro y eficiencia para las empresas de todos los sectores.
• Plan de rehabilitación y modernización de edificios con criterios de eficiencia energética. Establecer una hoja de ruta para la rehabilitación energética de los edificios con el objetivo de reducción del consumo energético del parque de los edificios en 80% en 2050 involucrando a todas las partes interesadas del sector.
• Cambio modal en favor del transporte público colectivo, especialmente el ferroviario eléctrico.
• Fomentar una mayor ocupación de los vehículos, tanto en el transporte privado (carsharing, carpooling, gestión inteligente de flotas disociando propiedad del vehículo de su uso) como en el transporte público (planes de oferta integral más competitivos, combinación de redes ferroviarias con redes de autobús y park&ride, etcétera).
• Fiscalidad verde en el transporte. Aplicación de la Euroviñeta (es una tasa a la circulación de camiones para internalizar los costes de funcionamiento). Implantación del cobro directo en la red de autopistas libres de peaje española. Gravar especialmente los vehículos que más contaminan y favoreciendo al mismo tiempo un trasvase modal hacia el transporte público y una renovación de flota con criterios de sostenibilidad ambiental. La mejora tecnológica de los vehículos por la vía de la electrificación a través de ventajas fiscales y facilidades técnicas para los vehículos más respetuosos con el medio ambiente y a través de los planes de electrificación del transporte público y mejora de la eficiencia de sus vehículos diésel.
En resumen, abordar el cambio de modelo de desarrollo y de modelo energético como una respuesta ante la crisis, lo cual da la posibilidad de encaminar a España hacia una economía baja en carbono, y posicionarnos adecuadamente para los retos del presente y del futuro. Para ello es imprescindible que exista coherencia de políticas entre todos los ministerios que tienen influencia en las emisiones, especialmente entre los Ministerios de Medio Ambiente, Ministerio de Industria y el Ministerio de Fomento.
Informe elaborado por José Santamarta para WWF-España difundido por esta entidad. Puede ser consultado íntegramente aquí.
