Se nos presenta en la editorial de este número de la revista un tema acuático candente que gira entorno a las consecuencias ambientales y sociales que los resultados de las Elecciones Generales del 14 de marzo han tenido, sobre todo el apoyo que han recibido la gran mayoría de los partidos políticos que han incluido en sus programas electorales la oposición al Plan Hidrológico Nacional (PHN) del Partido Popular.
Lejos quedan las declaraciones del ex-ministro de Agricultura, Arias Cañete, en las que decía que la tramitación parlamentaria del PHN iba a ser "un paseo militar" gracias a la mayoría con la que cuenta el PP en el Congreso y agregaba que el propio Aznar afirmó en un Consejo de Ministros que el Plan Hidrológico "salía por huevos".
Más cercanas las inauguraciones relámpago y adjudicaciones virtuales de la ex-ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, con objetivos electorales e intentando que el trasvase fuera imposible de derogar.
Pero ahora partidos como el PSOE, IU, ERC, CHA, IC-V que han participado activamente en los últimos años en las movilizaciones ciudadanas contra el PHN, y especialmente contra el Trasvase del Ebro, suman 178 diputados y diputadas, superando la mayoría absoluta, lo que supone una victoria histórica del movimiento de oposición a la gestión irracional y despilfarro de un recurso como el agua, con un claro límite.
Aunque las organizaciones ecologistas han acogido con gran satisfacción el abandono del proyecto del trasvase, consideran que la alternativa del nuevo Gobierno a dicho proyecto tiene un grave error de fondo: pretende cubrir todas las expectativas de aumento de la demanda de agua, en lugar de orientar su propuesta a lograr una buena gestión del agua. Es más, incluso aporta más hectómetros cúbicos a las cuencas mediterráneas de los que recogía el propio trasvase del Ebro.
Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena han pedido al Gobierno que trabaje en la mejora de la gestión desde todos los ángulos. Para ello proponen la elaboración de nuevos planes de cuenca, la elaboración de un registro de regadíos ilegales y alegales en las cuencas mediterráneas, y que los usuarios paguen el precio real del agua.
Critican también que el plan recoja la desalación como principal alternativa al trasvase, sin tener en cuenta que fomenta el mantenimiento y aumento de regadíos y el desarrollo urbanístico descontrolado, con la consiguiente esquilmación de los recursos naturales. Además, advierten de los efectos ambientales de la construcción de desaladoras, especialmente en lo que se refiere al consumo energético y a los vertidos de salmuera.
Teniendo en cuenta los efectos directos e indirectos de un plan de esta envergadura, las organizaciones ecologistas exigen, además, una evaluación ambiental estratégica que asegure que se cumple la Ley de Costas y en la que se estudien los efectos sobre la red Natura 2000.