20 septiembre 2004. El Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña hizo públicos a mediados de septiembre unos informes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas donde se analizaba una escombrera de la empresa Erkimia, actualmente Ercros Industrial S.A. Este depósito de escombros sumergidos, situado en Flix (Tarragona), es el producto de casi un siglo de vertidos y lo forman entre 200.000 y 360.000 toneladas de sedimentos, con restos mineros radiactivos y decenas de toneladas de metales pesados y sustancias organocloradas. En concreto los autores hallaron entre 70 y 100 toneladas de residuos mineros radiactivos semisumergidos que incluyen de 10 a 70 toneladas de metales pesados y de 1 a 10 toneladas de compuestos organoclorados según una primera estimación a la baja. Los científicos responsables de este estudio remarcan que estos residuos en ningún caso representan un peligro por exposición directa. Sin embargo, reconocen que pueden convertirse en un problema, dado que se encuentran depositados en un medio fluvial y son, por tanto, susceptibles de ser removilizados y transferidos a ecosistemas sensibles o a la cadena alimentaria a través del sistema de suministro de agua o de los productos agrícolas regados con este agua en caso de que una riada desmoronase la escombrera.

Entre 1992-96 Josep Piqué fue presidente de Ercros.

Desde 1988, los residuos de Ercros se confinan en un depósito propiedad del Ayuntamiento de Flix pero gestionado por la propia empresa. Los residuos que se vierten son fangos de depuradora que contienen fosfato bicálcico que se obtiene de la fosforita, la cual contiene radioactividad. Estos fangos también contienen cloruro férrico y otros residuos asimilables a banales. Sin embargo, la polémica subyace por la acumulación de radioactividad natural. El Grup de Científics i Técnics per un Futur  No Nuclear han analizado diversas muestras con equipos de medida de radiación gamma global que arrojan unos valores de 3.600 bequerelios por litro, lo que significa una radiactividad de 3.100 bequerelios por kilo. Según esta entidad estos niveles de radiactividad encontrados indican que los desechos que se están virtiendo deberían ser considerados como escombros de la minería de uranio y han de tener un tratamiento especial.

El Gobierno de la Generalitat señala que no se producen lixiviados, que controla periódicamente este vertedero y que las competencias sobre la radioactividad las tiene el Consejo de Seguridad Nuclear. Como medida preventiva, el Departament de Medi Ambient ha negociado un acuerdo para que cuando el Ebro lleve mucho caudal y pueda erosionar el vertedero subacuático (a partir de 800 m3/s) se ponga en marcha un plan de seguimiento.

Un historial de contaminación

La primera denuncia pública la hicieron en 1977 en el Diario de Barcelona los periodistas Gonell y Roglan, quienes describían la “nube amarilla” de gases con olor de cloro que defoliaban los bosques y plantas de la zona. El municipio de Flix ha sido objeto de varios estudios porque a sus habitantes se les ha hallado hexaclorobenceno (HCB) en concentraciones jamás descritas en seres humanos. El HCB es una sustancia organoclorada altamente tóxica que durante décadas fue producida industrialmente como fungicida, entre otras aplicaciones. Una vez el HCB entra en el cuerpo humano se acumula en la grasa, y su eliminación es muy lenta. La concentración de HCB ya se deja sentir en la población infantil, dado que a los recién nacidos ya se les detectan estas sustancias.

El primer estudio que desveló lo que ocurría en Flix se publicó en 1994 en la revista International Journal of Cancer. Con análisis realizados en 1989 y en 1992 advertía que la atmósfera de la localidad presentaba unos niveles de HCB unas 1.000 veces superiores a los normales, así como DDT, prohibido desde principios de los 80.

En 1999 se publicó en la revista Archives of Environmental Health, un artículo firmado por 11 expertos entre los que destacaban miembros del Instituto Municipal de Investigaciones Médicas, de Barcelona (IMIM), y Joan Grimalt, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Los niveles de HCB eran especialmente altos en los hombres que trabajaban en la factoría química. Los empleados de la planta química de Ercros presentaban un mayor número de enfermedades asociadas con la exposición al hexaclorobenceno, básicamente bocio, hipotiroidismo, enfermedad de Parkinson y varios tipos de cáncer. Sobre un el colectivo de 445 hombres que trabajaban o habían trabajado en la empresa aparecían, por ejemplo, 4 casos de Parkinson y 28 de cáncer, mientras que no se detectó ningún caso de Parkinson y sólo 8 de cáncer entre los 341 hombres que nunca habían trabajado en la fábrica.


Las condenas a ERCROS

La ausencia de una legislación medioambiental ha propiciado estos vertidos. Por este motivo, no se podrá exigir a Ercros que sufrague, ni siquiera en parte, los costes de las tareas para descontaminar el embalse de Flix, tal y como ha declarado la ministra de medio ambiente Cristina Narbona. El Ejecutivo socialista se ha fijado como prioridad la elaboración y aprobación de la ley de responsabilidad y disciplina ambiental para “obligar a las empresas a que contribuyan económicamente a la reparación de los daños”. A pesar de que no hay una solución técnica todavía el Ministerio ha destinado inicialmente 104 millones de euros para la descontaminación de la zona. La Generalitat, a través de su portavoz Joaquim Nadal, argumenta que no se plantea pedir responsabilidades "con carácter retroactivo" a la empresa Ercros por la contaminación del río Ebro, sino que optará por "soluciones" como incentivar una reactivación de la diversificación económica de las Terres de l'Ebre.

Ercros, que cumple 107 años, ha sido llevada a los tribunales en diversas ocasiones aunque siempre con sentencias no condenatorias. La empresa reconoce la autoría de los vertidos de mercurio durante décadas y de fangos radiactivos entre 1973 y 1989. Sin embargo, no acepta ninguna responsabilidad por la contaminación acumulada en el lecho del Ebro en el embalse de Flix pues según el presidente de la corporación, Antoni Zabalza “no tiene responsabilidades sobre el asunto porque cuando se produjo no había legislación” que regulase los mismos.