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Tener acceso a la energía solar para el ahorro doméstico con ayudas públicas es un derecho inexistente en España.
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La única fórmula para que la ciudadanía pueda acceder a la energía solar es en inversiones colectivizadas, como el modelo popular de la Ola Solar.
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Las huertas solares han sido otro modelo de participación, pero con una vocación más economicista y exprimiendo al máximo los incentivos públicos para las energías renovables.
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Las cubiertas urbanas se han convertido en el nuevo objetivo de los inversionistas; nos toca a cada uno de nosotros reclamar que se aplique otro modelo de ayuda que llegue a la ciudadanía y no a las empresas financieras.
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Vuelta a las andadas. Salen ya empresas que buscan lucrarse con instrumentos de promoción que pagamos entre todos. Hay que desburocratizar el acceso doméstico a la energía solar fotovoltaica.
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Los monjes del Monasterio de Poblet (Tarragona) han solicitado (febrero 2009) colocar una pérgola fotovoltaica en esta inmensa plataforma (izquierda de la imagen) de su parking y el Gobierno catalán considera que altera la calidad paisajística del entorno de un monumento histórico. Y es que la energía solar tiene ahora un nuevo enemigo en caballerías, como la Orden del Paisaje Pristino.
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El objetivo de democratizar la energía solar debe superar los tópicos y buscar que pueda contribuir a reducir el consumo eléctrico y superar lo iconográfico.
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La inversión en industria fotovoltaica creció un 450% en 2007, ampliando la capacidad nacional con 451 MW, el 18% de la global con un volumen de negocio de 7.800 millones de euros. El ranking de potencia fotovoltaica instalada en el año 2007 lo lideraba en primer lugar Alemania con 1.100 MW, seguido de España con 606 MW. Otro dato importante es que, mientras en Alemania el 45,4% estaban instaladas en tejados de viviendas, en España ése porcentaje es sólo del 8,8%.
Sin embargo, esta situación cambió de forma súbita en 2008, cuando se contabilizaron por parte de la CNE precisamente 2.661 MW instalados, según los datos de facturación de las casi 43.600 instalaciones fotovoltaicas que hay en España, lo que añade una horquilla que puede variar entre los 600 MW y los 1.100 MW como previsión de las notificaciones que están todavía por llegar al regulador energético. En el caso más optimista, los 3.700 MW suponen una potencia instalada 5,4 veces superior a la de 2007, cuando se instalaron 691 MW en España. En fin, a título comparativo, Alemania, el mercado puntero mundial de la energía fotovoltaica, instaló unos 1.350 MW en 2008, según la Asociación de la Industria Solar Alemana.
Pero esta realidad enmascara que las personas, las comunidades de vecinos, las pequeñas empresas, no pueden participar de forma fácil en el derecho a producir energía verde para luchar contra el cambio climático, por la complejidad burocrática actual. Por este motivo, proponemos hacer llegar quejas al Ministerio de Industria y al Presidente del Gobierno. Para ello te facilitamos el siguiente texto (aunque a continuación te aportamos más datos y argumentos para que tengas tu propia opinión):
Sr. Ministro/Sr. Presidente
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Si los españoles tenemos el derecho de acceder al consumo eléctrico en nuestro hogar o en el ámbito de nuestras actividades empresariales, deberíamos tener el derecho a poder producir, con una potencia similar, energía solar fotovoltaica en las cubiertas de las viviendas o edificios donde se produce esta actividad por parte del titular.
El actual sistema de acceso a la energía solar fotovoltaica basada en el régimen especial eléctrico es claramente injusto para el acceso de la ciudadanía y las pequeñas empresas. El concepto de la prima por las renovables es una perversión para los que no persiguen especular con el dinero de todos, sino simplemente contribuir a mitigar el cambio climático. Existen fórmulas legales para no asimilar las pequeñas centrales solares domésticas a la cogeneración.
Le solicito que reflexione sobre el hecho de que podríamos ahorrar dinero del erario público y acercarnos al cumplimiento de Kyoto, regulando la producción fotovoltaica en el ámbito doméstico, para que la ciudadanía y las comunidades de propietarios puedan participar fácilmente del acceso a la energía solar fotovoltaica, además de recibir la ayuda a la inversión que realizan para que ésta sea menos pesada.
Solicitamos que exista un marco legal sin burocracia para la energía solar fotovoltaica en cubierta de zonas urbanizadas que facilite la interconexión. Enchufarse al sol es la mejor opción para participar contra el cambio climático e incrementar la producción de energía renovable distribuida.
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Fotovoltaica prohibida por decreto
La nueva norma para regular las instalaciones fotovoltaicas –el Real Decreto 1578– aprobada por el Gobierno reduce la subvención sustancialmente y establece un cupo máximo de 500 MW para el 2009, lo que significa una reducción significativa del sector fotovoltaico español. Pero, a parte de reducir la prima a la fotovoltaica y de poner un cupo anual de instalaciones, lo peor es la complejidad administrativa que introduce el procedimiento para inscribirse en el régimen especial, en definitiva, para poder cobrar la prima. Está claro que lo de la energía distribuida y que cada familia o comunidad de vecinos, las naves de empresas en activo o las agrupaciones de pequeños inversores puedan participar en el desarrollo de las renovables, con el Real Decreto 1578/2008, de facto queda vetado, por la complejidad del marco legislativo (pensado exclusivamente para proyectos verdaderamente industriales y lucrativos).
Energía solar en el tejado para ahorrar
El nuevo marco regulatorio da prioridad en el cupo de reserva a las instalaciones en cubierta en lugar de a las hasta ahora preponderantes huertas solares. Sin embargo, en la práctica, ocupar cubiertas, más allá de las de las naves industriales, será harto complejo cuando se trate de cubiertas vecinales. De hecho, puede provocarse la aparición de una nueva picaresca en la que empresas de gestión “alquilen” tejados y pongan nuevamente la fotovoltaica como producto inversor. De hecho, ya han empezado los anuncios en esta línea. En realidad, la prima para las renovables tiene como objeto ayudar a reducir el tiempo de amortización de la inversión y, a su vez, permitir disfrutar de sus beneficios. Sin embargo, el atractivo económico rompe con todos estos objetivos ideales. A las empresas del sector tampoco les ha importado quién gestiona un proyecto, sino cuántos paneles les pueden vender. Y este mercadeo aleja el que debería ser el gran objetivo de potenciar las renovables: que la sociedad pueda apreciar sus beneficios generando kilovatios verdes y, por tanto, ahorrando emisiones. Bajo este objetivo, tiene lógica que un gobierno destine recursos a financiar su desarrollo.
La producción de energía solar fotovoltaica en el ámbito doméstico debe calificarse como una medida de ahorro y como una aportación que la ciudadanía puede realizar a favor del medio ambiente desde su hogar. Debería existir una “tarifa” propia para aquellos que participan en la producción energética desde el ámbito doméstico, que fuera gestionada por la propia Compañía de suministro eléctrico, sumando y restando la misma al importe de la factura de suministro. La fórmula de la tarifa de electricidad como productor-consumidor de renovables debería ser el marco básico para la interconexión doméstica, fuera de la complejidad burocrática y administrativa de tener que "facturar" y todo lo que conlleva el Régimen Especial. Si nos olvidamos de que las renovables son para ahorrar, pervertimos todo el sistema. La interconexión producción-consumo basada en un concepto de tarifa, además, incentiva que el usuario tienda a reducir su consumo, con lo que se estimulan además medidas de eficiencia en el hogar, en la oficina, en el taller o nave industrial. El concepto de producción-consumo con renovables tan sólo debería aplicarse a potencias en un porcentaje ligeramente inferior a las contratadas para consumo. De este modo no sólo se asegura la estabilidad de la red, sino que se evita la picaresca de “alquilados ingenuos" e “inversores avispados".
El derecho a enchufarse a la energía solar
A todo este desaguisado normativo para regular la energía solar fotovoltaica se añaden ahora algunas normas autonómicas que limitan todavía más el sector, pero en este caso introduciendo una variable totalmente subjetiva, como es la protección del paisaje. En realidad, en Barcelona, que tiene un organismo para velar por la “calidad del paisaje urbano”, hace más de una década que se dan subvenciones para instalaciones fotovoltaicas en cubiertas urbanas, pero cuyo objetivo es que se “compense” la menor productividad debido a que se primen los aspectos estéticos. Claro que en esto de la estética habría mucho que opinar. Sin embargo, este organismo barcelonés, el Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de la Vida, dirigido por verdaderos amantes de la arquitectura plana, racionalista y asocial, incentiva los módulos en “vertical”, que las instalaciones no sean visibles desde ningún lugar a pie de calle. Tampoco permiten las pérgolas en cubiertas, pues piensan que en el futuro podrían servir para levantar “barracas” en las terrazas donde se ubican.
Por otra parte, los municipios, a pesar de que forman parte de redes de ciudades sostenibles, se ven afectados por la realidad de que la “producción eléctrica” es una actividad económica y, por tanto, sujeta a licencia municipal y a que en algunos casos –como lo es también el del Ayuntamiento de Barcelona (que de prosolar sólo tiene la coraza de la verborrea de sus políticos)– se obligue a través de su ordenanza municipal de intervención ambiental a disponer de una certificación de idoneidad ambiental; un requisito más restrictivo que la norma autonómica. Contra todo pronóstico, la ordenanza municipal barcelonesa considera que las cubiertas fotovoltaicas urbanas tienen el mismo calibre en peligrosidad ambiental que una central termoeléctrica quemando carbón. El coste de un informe de este tipo, que sólo puede realizar una entidad autorizada, supera los 1.500 euros y en el informe simplemente se certifica que “no se producen residuos”, que “no se producen aguas residuales”, que “no se produce ruido ambiental”, que “no se emiten gases a la atmósfera”. Y es que la ordenanza barcelonesa sobre las instalaciones fotovoltaicas considera que “más vale prevenir que curar”, por si algún día existen paneles fotovoltaicos que echan humo y son más ruidosos que una moto sin tubo de escape.
Uno solo puede detectar si el río está lleno de pirañas cuando se sumerge en el agua. Y cuando de fomentar proyectos participativos y no especulativos basados en paneles fotovoltaicos se trata, los “devoradores” se lanzan al ataque a la ferocidad con que lo harían ante una res herida. El problema es que la ciudadanía no se ha lanzado todavía al río de la solar fotovoltaica, a pesar de ser un país con sol, un país de vanguardia en renovables. Pero quizás ha llegado la hora de poder enchufarse al sol con la misma facilidad que lo hacemos con un electrodoméstico, pero no para consumir, sino para estabilizar la red eléctrica y ahorrar emisiones con energía verde. El hecho de que la energía solar fotovoltaica esté disponible durante las horas diurnas o de trabajo permite que esta esté disponible cuando se dan consumos elevados de energía.
En resumen, si podemos estar conectados para consumir electricidad con una potencia contratada fijada por ley según los aparatos eléctricos que tengamos, también deberíamos poder producir electricidad fotovoltaica en una potencia regulada según lo que permita la instalación de suministro. Porque la electricidad puede tener un sentido bidireccional.
Objetivo: reducir el consumo eléctrico
El consumo total de energía eléctrica en España durante 2008 alcanzó los 271.404 millones de kilovatios hora (kWh), lo que supone un incremento del 1,1% con respecto al ejercicio anterior, según datos de la patronal del sector, Unesa. Este incremento ha sido el menor de la última década y se sitúa casi dos puntos por debajo de los registrados en 2006 y 2007, del 3% en ambos casos. En 1999 y en 2003, el consumo llegó a aumentar por encima del 7%. De todas maneras, debemos recordar que el precio de la energía para el consumidor doméstico en España es de 13,66 céntimos por kilovatio hora, un 20% inferior al de la media de la zona euro y que este bajo precio es el responsable del llamado “déficit tarifario” que el Gobierno utiliza como tampón social para controlar el IPC y otros aspectos políticos, pero que perjudican gravemente a la solvencia socioeconómica del futuro.
(El déficit de tarifa acumulado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008 se situó en 5.132 millones de euros, casi cinco veces más que los 1.066 millones de euros registrados en el mismo periodo de 2007. Tras el cierre de 2008, el déficit acumulado desde el año 2000 rondará los 14.000 millones. En el 2009 el desajuste se prevé sea de 7.000 millones, lo cual situará el déficit tarifario acumulado en torno a los 21.000 millones al final del 2009 –por cierto, para tener una idea de la magnitud de esta deuda, con este monto podríamos construir 20 túneles como el del AVE entre Francia y España).
Por otro lado, la producción total de electricidad aumentó un 2,4% y alcanzó los 321.177 millones de kWh, en un contexto de fuerte aumento, del 95%, en el saldo exportador de energía. Así que lo irónico del caso es que mientras la sociedad acumula deudas por la energía, los cuatro grandes del sector no paran de incrementar sus beneficios y plusvaluas.
En fin, el régimen ordinario de producción eléctrica generó 236.520 millones de kWh, un 1,3% menos, debido al descenso en un 19% de la actividad hidroeléctrica y a pesar de que la nuclear elevó en un 6,6% su capacidad de generación. El régimen especial en el que están adscritas las renovables, fue liderado por la cogeneración y el tratamiento de residuos responsable del 46% de la producción, frente al 39 % de la eólica, el 4,9% de la minihidráulica, el 3% de la biomasa y el 2,1% de la solar. En cuanto al régimen especial, la producción aumentó un 14% gracias al incremento en un 18% de la generación a partir de fuentes renovables, que alcanzó los 45.244 millones de kWh, lo que equivale a un 14% de toda la actividad energética.
Más allá de estos macrodatos del sector, no debemos olvidar que la media del consumo eléctrico por hogar en España se sitúa por encima de los 4.000 kWh/año, una cifra que podría reducirse hasta un 30 % aplicando medidas sencillas de ahorro y visualizando el consumo eléctrico con displays-contadores en tiempo real en nuestro hogar. La experiencia demuestra que los ciudadanos que participan en proyectos de energía solar fotovoltaica en su hogar se aplican rápidamente en la tarea del ahorro energético. Reclamar el derecho a conectarse al sol con aparatos homologados para producir electricidad verde y contribuir a la lucha real contra el cambio climático es una carencia de la actual regulación de las energías renovables. Si queremos ver despegar de forma no especulativa la energía solar en nuestro país, debemos exigir un nuevo marco legal en forma de Ley, como tienen otros países, en lugar de Reales Decretos que cambian fácilmente con cada golpe de timón gubernamental.
*Llamada a la acción es una propuesta del diario de un ecologista para pasar a la acción en algunos temas sobre los que no hay regulación alguna y en los que sólo la toma de conciencia colectiva alertando a las autoridades o a las entidades implicadas puede cambiar la situación. Al final, para que algo cambie, algo de nosotros debemos cambiar.
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