La estafa eléctrica en España

Todo gobierno tiene un propósito y en cada área este propósito se materializa según la persona que encabeza cada ministerio. El objetivo del Ministro de Industria del Gobierno de España que preside D, José Luis Rodríguez Zapatero, es mantener a cualquier coste el poder socioeconómico de la patronal de la industria eléctrica, o sea, las grandes corporaciones eléctricas. Todo para que el ciudadano de a pie siga esclavo del sistema.

La mentira del déficit de tarifa y el recorte a las renovables

Para mantener su estatuto predominante, la patronal eléctrica favorece diversas estrategias de confusión. La primera es pactar la congelación de la tarifa eléctrica con el Gobierno (de Aznar en 2004), y luego crear la confusión entre el déficit tarifario y el perjuicio para las arcas públicas. Cualquier experto sabe que el origen del actual nivel del déficit de tarifa comenzó a ser relevante con el alza de los precios del petróleo en el año 2004, y cuando apenas había generación renovable. Este desajuste se produce porque las tarifas reguladas, -establecidas por el Gobierno-, no incluyen correctamente los costes de generación. Estas tarifas no han sufrido variación significativa en los últimos años para los consumidores particulares, a pesar de que habría sido una vía para frenar el déficit e incentivar el ahorro energético si se hubieran seguido los vaivenes reales de costes. Pero el déficit tarifario no es la única maniobra de distracción; la patronal eléctrica sigue succionando al pueblo español con el sistema de tarifa de compra-venta de electricidad en el mercado nacional de electricidad.

España es un país exportador de electricidad. Las infraestructuras de interconexión sólo persiguen el negocio de las eléctricas pagadas con los impuestos ciudadanos.

El precio de la electricidad depende de varios factores. Sin embargo, muy al contrario de lo que se ha insinuado, las energías renovables han contribuido de manera significativa, -junto con otras circunstancias-, a bajar los precios del mercado eléctrico en los últimos años. En concreto, hemos pasado desde niveles de 7 céntimos por kilovatio/hora en diciembre de 2007 a los 3 céntimos por kilovatio/hora en diciembre de 2009, un dato público y objetivo. Esto es debido a que, al entrar en la red, las renovables desplazan a las fuentes más caras y consiguen un menor precio de casación. Dada la estructura de la tarifa, son los consumidores industriales los que en mayor medida se han beneficiado de esa reducción de los precios pagados a la generación de la electricidad. Pero esta reducción del coste de generación, las comercializadoras de electricidad no la repercuten a los consumidores porque éstos consumen electricidad a precio de una tarifa regulada. La responsabilidad de la subida de la electricidad no es imputable a las renovables.

En cambio, sí son responsables de los desmanes eléctricos las centrales nucleares e las grandes centrales hidroeléctricas que se han zampado casi 1.500 millones de euros en el año 2010 cuando se trata de centrales amortizadas. El déficit de tarifa se situaba a finales del 2010 en 20.000 millones de euros. De modo que por un lado venden “déficit de tarifa”, por el otro consiguen incrementos en la tarifa de los 24 millones de usuarios cautivos (las familias españolas). Sólo con el cambio de tarifa anual y el sistema de lectura estimada se permite que puedan cobrarse a precio nuevo los kWh consumidos el año anterior. De modo que se estiman por este procedimiento irregular unos beneficios de 1.000 millones de euros para las comercializadores eléctricas. Y todo esto también hace de cortina de humo para que no suba la electricidad a los grandes consumidores (la gran industria que compra en el mercado liberalizado, pero que consume el 60% de los kWh generados con una tarifa de bajo precio y que no computa en el déficit de tarifa).

Finalmente, se cierra el círculo del poder eléctrico sobre el Ministerio de Industria solicitándole “mano dura” contra las renovables mientras éste sigue ganando pingües beneficios. Sólo ENDESA o Gas Natural-Fenosa suman entre ambas un beneficio en 2010 de más de 4.500 millones de euros. Con la aparición de la generación renovable, el lobby eléctrico español ha insistido en que son los culpables del incremento del precio del consumo eléctrico doméstico. La opinión pública no tiene datos reales de lo que pasa, porque la prensa nacional está comprada con publicidad en los principales periódicos de España. Además, han generado un complejo sistema para que no sea fácilmente comprensible. La alfabetización energética es una asignatura pendiente en este país. En cualquier caso, las renovables nacionales, - como reconocía un estudio reciente de la Asociación de Productores de Energía Renovable-, han generado 99.850 empleos, ha contribuido al PIB en 8.760 millones de euros y ha ahorrado al precio de generación eléctrico 4.836 millones, amén de ahorrar importaciones por valor de 2.137 millones de euros.

Las centrales eléctricas con renovables no son las causantes del llamado déficit tarifario. Una mentira que fomentan las compañías eléctricas gracias a que dominan a los grandes medios de comunicación del país.

La mentira de recortar las primas a las renovables para reducir gasto público sale por todas partes. Valeriano Ruiz, experto en energía solar, advertía que “en el régimen especial de producción de electricidad no se incluyen únicamente fuentes de energía renovable; aunque a algunos les interese ocultarlo sistemáticamente. También se incluyen la quema de los Residuos Sólidos Urbanos y los combustibles fósiles, especialmente el gas natural para las instalaciones de cogeneración. De hecho, de los 6.000 millones que representaron las primas en 2009, más de 1.000 millones fueron destinados al gas. Sin embargo, suele aludirse sólo al "coste" de las energías renovables”.

Aunque el Gobierno español erró claramente en su intento de copiar el modelo alemán para desarrollar las renovables, lo cierto es que se propició una importante inversión en este sector. Inversión que quedaba avalada por normas jurídicas para garantizar el retorno de ésta con un cierto beneficio. Esto ha hecho que empresas y personas hayan depositado en los planes sobre energías renovables unos activos por valor de 70.000 millones en los últimos 10 años, y que ha dado lugar a los puestos de trabajo antes citados. Cambiar ahora el contexto con un recorte de primas retroactivo significa no sólo retroceder el camino andado, sino crear una inseguridad jurídica para el futuro de otras inversiones en nuestro país. Además crea un precedente de desprestigio al estilo de república bananera. Frenar ahora las inversiones en las tecnologías que se encuentran aún en etapa de desarrollo, -como la termosolar cuyas primas representaron el 2% de las que recibió la cogeneración en 2009 y un 0,37% de todas las primas-, es un buen ejemplo de que en el recorte de las primas a las renovables no hay la voluntad por parte de los oligopolios energéticos de acceder a todo este potencial, sinó que persiguen provocar el crack financiero del sector de las energías limpias. Endesa ha presentado al registro de preasignación de renovables proyectos eólicos que suman 1.174 megavatios.

Los ex-presidentes vendidos al poder eléctrico y otros escándalos políticos

Hay poco de limpio en las corporaciones eléctricas de este país. A la luz de los taquígrafos de la prensa española (incluso estando comprada) se pueden leer los desmanes cometidos por los últimos ministros de industria. Aprecien también que desde 1996 hasta 2008 (12 años) esencialmente han sido políticos catalanes, ya sean del PP o del PSOE. Y no es pura casualidad, pues una empresa poderosa energética catalana está en la sombra del gobierno: Gas Natural-Fenosa. Lo podemos apreciar en el aspecto monopolístico bien presente del gas metano en España. Incluso la política con los países del Magreb está relacionada con el hecho que Argelia es el principal suministrador de Gas Natural-Fenosa. También hay denuncias de las empresas competidoras europeas (por ejemplo, Gaz France) sobre la imposibilidad de competencia por los abusivos peajes en el uso de los gasoductos por otras compañías. Tampoco es inocente que tengan al ex presidente Felipe González como consejero de Gas Natural-Fenosa. Por su parte, ENDESA, privatizada en la era Aznar, tiene a este ex presidente en nómina como consejero. En fin, que fácilmente uno podría pensar que les devuelven los favores realizados cuando gobernaban. Y en todo caso, hay algo claro: a pesar de la subida del precio del crudo, los oligopolios energéticos españoles no han cesado de tener beneficios económicos más que suculentos.

La subida de la luz a los usuarios domésticos es una estrategia más del Gobierno para favorecer el negocio de las grandes corporaciones eléctricas.

Cualquier ciudadano puede imaginar que de todo lo que acontece en el sector eléctrico, nada es para favorecerle a él, sino para urdir una realidad de alto beneficio para las empresas implicadas. Pero la codicia siempre rompe el saco. Lo demuestra el nombramiento como Secretario de Estado de Energía de D. Fabricio Hernández Pampaloni. Este personaje fue nombrado Secretario de Estado de Energía por el Consejo de Ministros el 7 de enero de 2011. Sin embargo, durante meses había sido nombrado por Nuclenor como perito en el pleito planteado ante la Audiencia por las mercantiles "Endesa", "Iberdrola" y "Nuclenor" contra el Ministerio de Industria, en relación con la Orden Ministerial ITC/1785/2009 de cierre definitivo de la central nuclear de Garoña en el 2013. Greenpeace ha denunciado esta irregularidad: "Resulta difícil entender que se nombre por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Industria, como Secretario de Estado de Energía, a una persona con cuyos conocimientos se ampara una Demanda contra el propio Ministerio de Industria, en la que se solicita al Estado una indemnización para Nuclenor de la cantidad de 951,4 millones de euros" advierte Carlos Bravo, responsable de Energía de Greenpeace. Que se nombre a esta persona para defender los intereses del Reino de España en materia de energía, habiendo estado implicada en perjudicar las arcas públicas ejerciendo a favor de la patronal de las nucleares, es evidente que conculca los más elementales principios constitucionales. Sin embargo, el actual Gobierno de Zapatero mantiene en activo a dicho Secretario de Estado.

Alargar el plazo de las centrales nucleares incrementa los beneficios de las eléctricas

Las centrales nucleares no tienen buena prensa entre la ciudadanía, como lo demuestran todos los datos de opinión. Los motivos son evidentes: la problemática de la energía atómica está ligada indisolublemente a la producción de residuos radioactivos letales por miles de generaciones, algo que la gente intuye pero de lo que no es plenamente consciente de las consecuencias. Los finlandeses, con un parque nuclear la mitad de la de España, están afrontando una solución para sus residuos que prueba lo absurdo de continuar con la generación eléctrica nuclear.

El alargamiento de la vida de las centrales nucleares es un gran beneficio para las empresas eléctricas propietarias.

Pero hay un dato claro por el que las empresas eléctricas titulares quieren alargar a toda costa, -incluso relajando las medidas de seguridad para exprimir más beneficios económicos-, la vida útil de las centrales nucleares. Hoy, todas las centrales nucleares españolas son inversiones ya amortizadas, y que además hemos mantenido con dinero público a través de la moratoria nuclear. Todo lo que generan es puro beneficio contable. Una central nuclear de 2.000 MW genera una facturación neta diaria de casi 2 millones de euros. El alargamiento de la concesión de funcionamiento para la vieja central nuclear de Garoña (construida en 1971) supone unos ingresos extras de puro beneficio para la empresa explotadora de 180 millones de euros al año. Todo un regalo.

Y es que la gestión de los residuos la pagamos entre todos. Desde inicios de 2011, España debe pagar 65.000 euros diarios a Francia, -algo ridículo si comparamos con lo que gana una sola de las centrales españolas-, por guardarle los residuos radioactivos de alta actividad (sobretodo son los procedentes del desmantelamiento de la accidentada central de Vandellós 1) y que además ya suma una deuda de 1,4 millones acumulada hasta hoy (apreciemos que estas cifras, supuestamente grandes, no sobrepasan lo que gana una sola central nuclear). Con esta excusa se argumenta que “la indecisión política de no haber optado todavía por un lugar para ubicar el almacén de residuos nucleares obliga a un despilfarro inaceptable en tiempos de crisis”. Pero no dicen que el Almacén Temporal Centralizado no es más que un parche que puede costar millones de euros, ya que no es la opción definitiva. Por eso, debería ser evidente que nuestra opción como sociedad fuera la objeción electronuclear.

En este contexto, por tanto, es lógico que la prensa atice el miedo con los siguientes falsos argumentos:

• El Gobierno no debe retrasar por más tiempo la autorización para prorrogar la vida útil del máximo número de centrales nucleares, siempre que cumplan las exigencias de seguridad. Hay que ser conscientes sin embargo, de que la prórroga de las nucleares en funcionamiento pese a ser necesaria no será más que un parche, ya que a diez años vista se planteará el mismo problema que ahora.

• España ha perdido largos años en un estéril debate energético que, a diferencia de la mayoría de los países europeos, ha impedido apostar decisivamente por la energía nuclear. Una energía nuclear que ahora se revela prescindible.

Y lo que tampoco dice la prensa es que la energía nuclear es económicamente inviable a no ser que sea el Estado quien garantice las inversiones. Tampoco dicen que no hay compañía de seguros en el mundo capaz de asegurar los daños del accidente en una central nuclear. Tampoco dicen que una de las pocas centrales nucleares en construcción en el mundo, la de Finlandia, acumula una demora de más de 4 años y un incremento del presupuesto inicial de más de 2.500 millones de euros.

Contra toda esta realidad nuclear, peligrosa, demagógica e injusta, tenemos los estudios cada vez más claros de que antes del 2050 toda la electricidad generada en Europa podría ser de origen renovable.

La inversión en eficiencia energética, una realidad que no interesa a los oligopolios eléctricos.

La estafa de la luz a través de los contadores eléctricos

Antonio Moreno Alfaro lleva años luchando para advertir sobre la estafa de contadores que afecta a unos 23 millones de usuarios que tienen alquilado el contador de la luz. Su compañía eléctrica le lleva cobrado ilegalmente por dicho alquiler casi 350 euros de media (el contador instalado en las viviendas le cuesta actualmente a las compañías eléctricas menos de 18 euros). Su autor pone a disposición de los usuarios una página web para ayudarnos a recuperar la cantidad que nuestra compañía eléctrica nos haya cobrado ilegalmente por el alquiler del contador. Para ello, ha desarrollado un programa informático expresamente para esta aplicación, en donde basta sólo con teclear los datos personales del consumidor para saber la cantidad que nuestra compañía eléctrica ha cobrado ilegalmente.

La estafa del alquiler de los contadores eléctricos continua sin ser atajada por el Gobierno. Mientras, las grandes corporaciones eléctricas siguen cobrando de forma ilegal.

La estafa, sus antecedentes, planificación y ejecución, nos advierte de que las grandes corporaciones eléctricas españolas llevan cobrando ilegalmente 7.500 millones de euros a 23 millones de personas. Cantidad que se incrementa cada día en más de 600.000 euros. Todo ello se basa en la utilización impune del BOE desde 1984 para estafar como mínimo la mitad de esos 7.500 millones de euros. Una estafa que precisa de la existencia de una tupida red de corrupción que controle todos los organismos de detección y represión del fraude de los que dispone un Estado de Derecho para proteger los legítimos intereses económicos de los ciudadanos.

Es lógico pues, que sabiéndose impunes para cometer una tosca estafa que supera los 4.000 millones y se incrementa cada día en 350.000 euros, las compañías eléctricas aprovechen cualquier oportunidad para cometer nuevas estafas y fraudes, algunos de los cuales, por su descaro chulesco, ponen claramente de manifiesto la total indefensión en la que deja a los usuarios la connivencia entre el Gobierno y las citadas compañías.

Entre las nuevas estafas y fraudes cometidos por las compañías eléctricas están los siguientes:

• Cobro de la instalación del ICP (Interruptor de Control de Potencia)
• Sustitución clandestina de los contadores electromecánicos por contadores digitales
• Cobro de un precio de alquiler superior al legal
• Incremento unilateral de la potencia contratada
• Manipulación del período de facturación

Mientras, el Gobierno español, aprobó en abril del 2009 un Real Decreto que concede a las compañías eléctricas un regalo de 10.000 millones de euros encubierto bajo el eufemismo de "déficit tarifario", correspondiente a los ejercicios 2001 a 2008. Con dicho regalo que tiene la garantía del Estado, el Gobierno institucionaliza el fraude contable iniciado en 2001 como describe la documentada web de Antonio Moreno. Así pues, el Gobierno aumenta los impuestos y recorta presupuestos vitales, pero regala 10.000 millones de euros a compañías que afirman que tienen déficit, pero cuyos presidentes y consejeros se autoasignan ingresos propios de jeques del petróleo. No es de extrañar, por tanto, que las compañías eléctricas se refieran al Gobierno como uno de los nuestros.

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