Que no nos engañemos. El Gobierno español parece que actúa sólo al servicio de las grandes corporaciones. En una dictadura el gobierno hace lo que quiere sin dar explicaciones y castigando cualquier discrepancia. En una democracia basta con tener los votos para hacerlo y dejar que protesten los indefensos. Los votos políticos no los da la ciudadanía sino el dinero que permite el mantenimiento de los partidos, por eso están todos endeudados. La deuda de los principales partidos políticos españoles con representación parlamentaria era de 145 millones de euros (según el Tribunal de Cuentas, datos del 2005, los últimos publicados). Sin embargo, en una democracia, la escenografía la pone los votos de la ciudadanía. Por eso, parte de la función de los políticos es amañar y confundir a los votantes. El éxito de un gobierno está garantizado cuando es capaz de crear el máximo de confusión para que la duda inmovilice cualquier acción.

Crónica de la lucha para evitar la retroactividad en las primas fotovoltaicas
Un Estado que desde 1998 ha aprobado nada menos que 4 Reales Decretos apoyando con primas económicas las inversiones en renovables y entre ellas la de la energía fotovoltaica, no se puede decir que era una medida coyuntural. En el 1998 eran los Populares al igual que en el 2004, en el 2006 eran los socialistas y en el 2008 también. Durante doce años se facilitó un marco legal para promocionar la energía fotovoltaica. Eso creó una industria nacional y permitió a un país privilegiado por el Sol llegar a situarse en los primeros puestos en producción eléctrica fotovoltaica a nivel mundial. La medida tenía sentido por el ahorro en las importaciones de combustibles fósiles y uranio. Sin embargo, lo que podía ser una oportunidad política y económica el gobierno socialista lo tumbó. La razón no es otra que atenuar el MIEDO que se ha apoderado de las grandes corporaciones eléctricas a que se implante un modelo de generación eléctrica distribuida renovable y rompa su monopolio.

Protesta popular en Madrid a favor de la justicia energétic y contra la retroactividad en la fotovoltaica. Foto: Suelosolar.

La lucha de los inversores fotovoltaicos para impedir que el gobierno recorte de forma retroactiva las primas no es baladí. Todo el mundo sabe que las inversiones en este sector se realizaron en base a créditos avalados no sólo con la producción sino también a bienes y propiedades. Ahora las grandes corporaciones presionan al Gobierno para que detenga esta seguridad jurídica (CONSTITUCIONAL y avalada por 4 REALES DECRETOS) y de este modo se abran las puertas a que miles de pequeños inversores se vean obligados a negociar los créditos de forma que las grandes corporaciones eléctricas puedan adquirir parte de este pastel por la vía del apremio. No nos llevemos a engaño, el Gobierno Español con su ministro Sebastián al frente pone sus números sobre la mesa del Congreso: el 40 % del sobrecoste del Régimen Especial se lo llevan los fotovoltaicos, mientras que son sólo el 6 % de la producción eléctrica del Régimen Especial y tan sólo un 2 % de la producción eléctrica del sistema. Anuncian que es una medida temporal. Así se conculcan los derechos ciudadanos en democracia. Se dan números falsos que son los que recogen los medios de comunicación a manos de las grandes corporaciones y se dice que serán temporales para que la mayoría piense que es justo. Lo que no dice es que tenemos una dependencia de más del 65 % en combustibles fósiles que debemos importar y pagar en divisas.

Frente a la injusticia, la protesta
Este país copió la Ley de Energía Renovables alemana mal. Lo hizo tan mal que no supo redactar una ley sino tan sólo un Real Decreto. Lo hizo tan mal que no le bastó con aprobar un real decreto sino cuatro en diez años. Lo hizo tan mal que conceptualizó como “primas” lo que debía ser el “precio justo”. Lo hizo tan mal que provocó que en un momento de bajos intereses bancarios incluso los grupos financieros se lanzaran a por la rentabilidad de las “primas”. Pero lo que no dice el Gobierno es que el 80 % de las inversiones en fotovoltaica están en manos de las grandes corporaciones energéticas y financieras de este país y sólo un 20 % en pequeños inversionistas. Justo al revés que en Alemania. Así de mal hicieron las cosas tanto populares como socialistas. Por eso la medida de aplicar un recorte RETROACTIVO está diseñado para hundir a este 20 % que tiene en créditos sus plantas fotovoltaicas.

Protesta en Barcelona contra la retroactividad de la fotovoltaica. Foto: Eurosolar.

Nos queda sin duda alguna la protesta. Pero, en este país de sonámbulos y alucinados por la comodidad consumista todavía nos falta un latigazo más para que despertemos. Los árabes se han lanzado a quitar a sus dictadores. El mundo occidental debe despertarse para quitarse de encima a las corporaciones económicas que controlan nuestros gobiernos con “nuestro” dinero, esfuerzo e ilusión. Nuestra batalla no necesita las armas; basta con que nos apliquemos en austeridad y retiremos el dinero, el poco que tengamos de los bancos y los fondos de inversiones. Que este gobierno (que no tiene nada que ver con el partido que lo regenta) está comprado por las corporaciones económicas es evidente. El alargamiento de la concesión del período operativo de las centrales nucleares es para que aquellas sigan ganando a costa de la seguridad colectiva. La obscurantista tarifa eléctrica (por no poner otros calificativos más peyorativos) es la garantía para seguir ganando sin que nadie sepa como argumentar la protesta. La estafa de los contadores a toda la ciudadanía española un premio de consolación del gobierno al evitar que la Fiscalía del Estado actúe de oficio.

Participar en inversiones fotovoltaicas era apoyar a la industria local y sentirse parte de la comunidad. Participantes de la Huerta Solar de Milagro. Foto: Fundación Tierra.

Si hay algo claro es que en una democracia no se puede crear seguridad jurídica de forma reiterativa y luego retirarla de forma retroactiva. La llamada de los fotovoltaicos es sólo un ejemplo de hasta donde puede llegar la obsolescencia gubernamental. Una cosa es cambiar las leyes otra es que sean de aplicación retroactiva cuando la seguridad socioeconómica de la ciudadanía está afectada. Uno puede prohibir el matrimonio homosexual pero no puede deshacer los que en su día lo contrajeron en base a un marco legal constitucional. Sólo cabe esperar que si el gobierno español con Convergencia i Unió entre otros partidos se atreve con el recorte retroactivo a la FOTOVOLTAICA esta medida acabe en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Aunque no seamos ilusos. Podemos ser optimistas y ver también que quieren hundir a la vanguardia fotovoltaica por participar en la generación eléctrica distribuida con energía limpia y libre, algunos desde los tejados de nuestras empresas y casas, ahorrando importaciones de combustibles fósiles y nucleares, contribuyendo al ahorro energético y a las emisiones con efecto invernadero.

Muchos ciudadanos creyeron que invertir en fotovoltaica urbana contribuía a ahorrar emisiones y participaron. Algunos de los inversores de la primera central solar fotovoltaica popular: Ola solar del Carmel en Barcelona. Foto: Fundación Tierra.

La energía fotovoltaica no es la solución única, pero es una de las más prometedoras por su fácil instalación, por su modularidad, por que económicamente es asequible. El precio justo por cada kilovatio hora generado es lo que por justicia toca. Una buena legislación abriría el marco a la producción neta con energía fotovoltaica, a una regulación del precio justo en base a las inversiones realizadas y a un apoyo definitivo al empleo verde derivado de la implantación fotovoltaica masiva en las ciudades españolas. La red eléctrica española está suficiente sobredimensionada para asumir la generación renovable. Tan sólo hay que cancelar la autorización de prórroga a las nucleares y apostar por un futuro energético 100 % renovable. Mientras, habrá que seguir manifestándose y sobre todo actuando: comprando electricidad verde, invirtiendo en autoproducción energética, apostando por la eficiencia.