El sistema financiero se encuentra en el centro de la economía de mercado y ha demostrado que no está al servicio de la economía productiva, sino prioritariamente de una economía especulativa. El carácter global de las tecnologías de la información han otorgado al poder económico-financiero la posibilidad de influir en las políticas que están conduciendo a la liquidación del sector público y del estado social. Cualquier movimiento ciudadano que reivindique el bien común y un reparto más equitativo de la riqueza debe actuar para acabar con el poder económico-financiero actual. La economía se ha convertido en el centro de toda nuestra actividad. El único centro real es el planeta Tierra, del cual sólo tenemos uno. Por este motivo, no se puede obviar que la crisis ecológica es una consecuencia de la especulación financiera y las políticas neoliberales. Hay que pasar a la acción.
Los rostros al servicio del poder financiero global destinado a enpobrecer a la clase media europea.
Ya existen numerosos movimientos sectoriales de defensa de los afectados por los abusos del sistema financiero (PAH, preferentes, swapps, clips, etc). Sin embargo, en un mundo globalizado, donde existe una libertad total de movimiento de capitales, determinados objetivos deben plantearse de forma global. Toda lucha para acabar con el poder financiero pasa por la regulación del sistema financiero mundial, con el retorno a la separación entre banca comercial y banca financiera, la prohibición de mercados de futuros y derivados sobre determinados productos, y la regulación y control sobre otras materias primas, la desaparición de los paraísos fiscales, el freno de la economía especulativa, la imposición de tasas que hagan posible este freno, etc.
Las prioridades para hacer frente al poder financiero
Es hora de romper con los códigos que el poder político actual defiende como cómplice del poder financiero. Es hora que valoremos que nuestro voto sólo determina la cara de los políticos ya que las políticas las marcan los sistemas financieros globales. Hoy mandan los "hombres de negro" y mientras, inocentemente nos creemos en una democracia nos van desvalijando el patrimonio público con privatizaciones y traspasando la deuda privada a pública. Todas estas prácticas del poder financiero deben ser denunciadas y hay que luchar contra las mismas. Diversos colectivos apoyan hacer frente al poder financiero con las siguientes bases:
-Exigir responsabilidades a los políticos, los gestores de las entidades financieras y a las instituciones reguladoras que no han cumplido su función. Hay que reclamar la actuación de la justicia contra los directivos de los bancos reguladores: Banco de España, Banco Central Europeo así como para los de las empresas auditoras tasadoras y de calificación. Es absolutamente inmoral que el coste monumental que está soportando el conjunto de la ciudadanía no tenga repercusión en los patrimonios y en la situación personal de los directivos bancarios, reguladores, y algunos representantes políticos y sindicales con responsabilidades en la gestión de las entidades bancarias.
Los políticos actuales son sólo títeres del Poder financiero que ha secuestrado a las democracias occidentales.
-Acabar con las ayudas públicas sin condiciones a las entidades financieras. El Estado debe ser accionista de las entidades financieras, por las aportaciones realizadas en el momento de su convertibilidad. Si esto se hubiera hecho en el proceso de salvamento de las cajas, el Estado ya sería accionista mayoritario. Las aportaciones públicas a los bancos, que superan los 150.000 millones de euros, significan un incremento de la deuda pública y una evidente asunción de pérdidas hoy imposibles de cuantificar. En ningún caso han supuesto un incremento del crédito a particulares y pymes, siendo los máximos beneficiarios de este salvamento los bancos alemanes y de otros países del centro y norte de Europa.
-Decir NO a la creación de una empresa pública con el banco malo de los llamados activos tóxicos. La actual propuesta del Gobierno pretende borrar las pérdidas financieras, y transforma la deuda privada en pública, por lo que carga el costo y riesgo de los productos tóxicos sobre la ciudadanía. Esta opción es inadmisible.
-Exigir una nueva regulación de la banca. Las condiciones contractuales entre el banco y los clientes debe ser aprobada por el Banco de España, no puede ser una simple comunicación. Hay que regular la venta de productos para que no pueda perjudicarse a los clientes.
La vivienda se ha convertido en el caballo de batalla de la crisis. Es un activo con el que se podrá especular en el futuro.
- Prohibir la comercialización de productos no éticos tales como aquellos basados en la especulación sobre alimentos, materias primas, etc. que están arruinando países y poblaciones.
- Poner fin al negocio que para las entidades bancarias supone invertir en deuda pública a tipos elevados, con fondos proporcionados por el Banco Central Europeo a bajo coste.
- Cambiar la legislación hipotecaria que actualmente beneficia a la banca y vulnera los derechos del ciudadano. Debe imponerse la dación en pago distinguiendo entre la financiación de primera residencia y el especulativo.
- Poner fin a la participación de la banca en el mantenimiento de paraísos fiscales. Prohibir que las entidades bancarias puedan tener sucursales en paraísos fiscales que permitan el fraude fiscal o la ocultación de dinero de origen ilegal legal.
- Poner fin a la política de sueldos millonarios para los directivos de la banca. Los sueldos de quienes administran un negocio con dinero de la ciudadanía debe estar regulado para evitar que se enriquezcan cuando provocan pérdidas a los clientes.
- Cuestionar el pago de la deuda. La deuda actual de los Estados en un principio no es pública como se nos quiere hacer creer, sino que la mayor parte se ha generado por un traspaso de deuda privada que se ha convertido en deuda pública (con el salvamento de los bancos por parte del Estado).
- Promover la creación de una BANCA PÚBLICA y difundir sistemas alternativos de financiación y ahorro. Hay que desmontar la falacia que lo público es sinónimo de mala gestión y lo privado lo es de gestión eficiente. Es un código erróneo. La realidad es que la gestión privada en la banca tiene como objetivo el enriquecimiento rápido de unos pocos, despreciando el interés de la mayoría. Una banca pública al servicio del bien común es un instrumento clave para desarrollar políticas activas de bienestar social y redistribución.