Para las organizaciones ecologistas esto supone un notable avance para España. A su vez valoran la importancia de que los gestores forestales se impliquen en garantizar la explotación sostenible de un recurso imprescindible como son los bosques. En este sentido recuerdan que la tala ilegal contribuye a la deforestación y es causa de pérdida de biodiversidad además de quebrantar el cumplimiento de la ley. Las talas ilegales merman los esfuerzos de la gestión forestal responsable, estimulan la corrupción y la evasión fiscal y reducen los ingresos de los países productores afectando a millones de personas que habitan y dependen de los bosques y sus recursos.

Según estimaciones del Banco Mundial , las talas ilegales y su mercado asociado suponen, a los países productores, pérdidas anuales de entre 10.000 y 15.000 millones de dólares, de los que entre el 4,2 y el 6,2% se deben al impacto del consumo español, pues el 15,8% de las importaciones españolas de madera proceden de regiones donde las talas ilegales son prácticas habituales.

La propia Unión Europea, consciente de la magnitud de éste problema, ha puesto en marcha el proceso FLEGT  para detener el comercio ilegal de madera a la vez que recomienda a sus estados miembros que desarrollen políticas de compra verde  de productos forestales, pero a pesar de estas iniciativas las Administraciones públicas españolas siguen ignorando su responsabilidad como consumidores.