Arrastra el culo por un zarzal

Arrastra el culo por un zarzal

Diciembre 2007. Ésta es una rancia expresión con la que la docencia de la dictadura se empleó a fondo con los pupilos de la época. Digan lo que quieran, este espíritu de sometimiento sigue bien vivo en nuestros días en muchos ámbitos del poder. Pero sin duda, el ejemplo más enraizado de esta actitud de “educar” se puede observar en toda la organización de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). A este organismo le corresponde recaudar los impuestos para el bien común. Y hasta ahí nada que objetar, todo lo contrario. Sin embargo, todos sabemos que además tiene una actitud de subyugar al ciudadano con procedimientos que no tienen otro sentido que el de que no se olviden de “quien manda”.

Nos referimos a estos “resúmenes” de operaciones, actividades económicas que ya han sido declaradas y por las que se han satisfecho las obligaciones monetarias que llevan implícitas. Tienen su calendario y el olvido del relleno de los mismos está multado. No son multas por infringir un deber con las arcas públicas, sino por no subordinarse al “procedimiento”. Un procedimiento que no tiene sentido alguno en cuanto a las obligaciones legales, sino que es puro arbitrio al más puro estilo de la disciplina castrense de “arrastra el culo por un zarzal”.

El principal divertimento de la Agencia Tributaria no proviene de recaudar los impuestos, sino de cazar con multas a los olvidadizos en el procedimiento informativo, que no en el de las obligaciones económicas para el bien común (ésta es la malla de la red por donde se escapan los peces gordos). Para este control disciplinario de los olvidadizos se destina un ejército, esencialmente, de mujeres. El máximo representante es el Ministro de Economía y Hacienda, al que le importan un carajo las dificultades económicas de los españoles, ya que su misión es educar en los valores democráticos. Y este ministerio no está para facilitar la vida de los ciudadanos, pues con su actuación -a pesar de los grandes medios informáticos para obtener, cruzar y verificar toda la información- esencialmente le impone esta herencia franquista que arrastra (al puro estilo de “arrastra el culo por un zarzal”) y allana a toda la ciudadanía sin distinción de clases. Aunque algunos salen más perjudicados que otros: los que no pagan a gestores y otros asociados que viven de los calendarios del contribuyente.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria sigue anclada en el pasado como organismo. No se entera de beneficios por actitudes a favor del bien común. Un caso ejemplar de esta vida en la inopia de la AEAT son las energías renovables. Poco les importan los beneficios de invertir en fuentes de energía que ahorran emisiones de efecto invernadero. Es más, la consideran una actividad “lucrativa” y, por tanto, sometida a la disciplina, como si de producir bebidas alcohólicas se tratara. Así pues, la electricidad generada con energías renovables -no importa la potencia- está sujeta a la Ley de Impuestos Especiales. Y por ello, cualquier incauto que genera electricidad con energía solar está sometido a sus procedimientos. Eso sí, por el momento está exenta de pago. No faltaría más, porque en realidad los beneficios de las energías renovables, en base al Real Decreto 661 de 25 de mayo 2007, los establece el propio Estado. Pero una cosa son los procedimientos para favorecer el medio ambiente y otros los de la actividad de control disciplinario del Ministerio de Economía y Hacienda.

Así las cosas, cualquier central de energía eléctrica con renovables -aquí incluidas las pequeñas producciones- deben darse de alta en el CAE (Código de Actividad y de Establecimiento), un procedimiento de puro papeleo en la AEAT. Con este papeleo, la AEAT extiende la “autorización” por la que uno ya puede “vender” la energía generada a la compañía de zona. Ello conlleva llevar un libro de contabilidad (que deben sellar, pero que para que lo sellen hay que presentar una instancia) y así el productor puede anotar lo generado y lo vendido (o sea todo, por mandato legal) que, dicho sea de paso, está más que documentado en las “facturas” que hay que emitir cada mes. Pero no se queda el tema en el cuadernillo de deberes, además hay que rellenar periódicamente el formulario 560, que no sirve para nada, dado que las renovables no pagan el impuesto de electricidad establecido en la Ley de Impuestos Especiales. Vaya, que es puramente informativo o, en otras palabras, una obligación para rendirse a la AEAT de zona. A partir del momento de darse de alta, el olvido de presentar el 560, que no tiene otro sentido que el de mantener la maquinaria burocrática, permite a la AEAT multar al “olvidadizo” con 200 euros (y así hasta los próximos 25 años). O sea que, en este caso, invertir en renovables para contribuir al bien común está sujeto a la disciplina de “arrastra el culo por un zarzal”.

Dicen desde la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), que han reclamado sin éxito suprimir este engorroso trámite del CAE y lo que conlleva. El Ministerio lo tiene claro: su misión más allá de la tarea recaudatoria es ser la reserva espiritual para que el ciudadano no olvide que la libertad es sólo un paréntesis en la vida de los bienaventurados de corazón. Lo cierto es que en este país -con un staff funcionarial más bien infeliz- lo de la información les va como a la desaparecida Stasi. En el fondo, sus dirigentes piensan y actúan con la máxima que todo ciudadano, hasta que no se demuestra lo contrario, es un presunto defraudador y argumentan que el hecho de rellenar “formularios” informativos le previene de su actitud delictiva. En fin, la AEAT es todo un ejemplo de institución docente para mayor gloria de España que, dicho sea de paso, el día que llegan al gobierno pierden los papeles de lo que es realmente un estado de derecho en las Azores.

La campaña España Solar, como ejemplo gubernamental por el interés en potenciar la energía solar para restituir parte de las emisiones que generamos quemando combustibles fósiles, se queda en nada, pues está constreñida por un elenco de normativas que en realidad lo hacen inviable para un ciudadano convencional. Desde la Fundación Tierra hemos denunciado, incluso ante los tribunales, que los “beneficios” al amparo de la prima a favor de las renovables no son un lucro, dado que es producto de un “premio” establecido por el propio Estado. Y que, además, nunca debía haberse considerado con este procedimiento de “venta”, dado que en realidad es como una subvención para facilitar la actualmente costosa amortización de estas instalaciones ambientalmente beneficiosas. No se han preocupado en facilitar que la industria baje los precios, tampoco se han preocupado por la complejidad burocrática de tener que “facturar” a las compañías eléctricas cuando, en realidad, éstas tan sólo son gestoras de un dinero colectivo, que por ordenamiento jurídico debe revertir al inversor en renovables. Por este ordenamiento jurídico dictado por obsesos, se han incentivado los “grandes” parques eólicos y solares que esencialmente benefician a las propias compañías energéticas y, sobre todo, a los bancos que lo financian. Pero quien padece todos los males de una burocracia rancia por pensar en el bien común es el ciudadano de a pie o a las organizaciones sin ánimo de lucro que se atreven con sus pequeñas instalaciones solares. Eso sin contar que, por tener unos paneles solares en la cubierta de un edificio, el ayuntamiento de turno puede solicitar un “informe de conformidad ambiental” que cuesta unos mil euros por certificar que “no provoca daño ambiental alguno”, lo que se enseña a los escolares.

Hoy se habla de suprimir la prima a las renovables, pero no se habla de los impedimentos para acceder a la misma por parte de comunidades de vecinos, asociaciones, ciudadanos individuales, etc. y contribuir al bien común que proporcionan las renovables, especialmente, en el ámbito urbano. El papeleo que conlleva beneficiarse de la prima de las renovables sólo lo hace viable para las grandes corporaciones o empresas especializadas. El que la energía solar fotovoltaica de pequeña potencia esté sometida a los procedimientos de la Ley de Impuestos Especiales, como denunciamos -a pesar de que esté exenta de pagarlo (sólo faltaría que de la prima que da el Estado pretendiese cobrarse una parte!!)-, es un ejemplo de esta política lamentable tan viva en el Ministerio de Economía y Hacienda de “arrastra el culo por un zarzal”. En fin, como dijo un filósofo, “la democracia española no es más que un estado de derecho de espíritu dictatorial mientras no se demuestre lo contrario”, porque todos somos presuntos estafadores mientras no se demuestre lo contrario. Así que, si piensas en invertir en renovables, quedarás atrapado por el allanamiento “informativo” de la AEAT. Y, si no cumples con sus designios, espera a que envíen al primer desdichado e infeliz inspector; es cuestión de tiempo. Hasta ahora los de la AEAT han dejado que se multiplicaran los peces. Ahora ha llegado la hora de pescar y, sino, pues lo dicho: “arrastra el culo por un zarzal”. Si te parece injusto sólo te queda pedir asilo político en Alemania, que por eso son líderes en renovables en el ámbito doméstico en Europa.