Abril 2009. Hay fechas que no podemos olvidar, porque nos recuerdan que nuestra vulnerabilidad es mayor de lo que la tecnocracia nos advierte. El pasado 28 de marzo se cumplieron 30 años del accidente en la unidad 2 de la central nuclear de la Isla de las Tres Millas (que luego se conoció por sus siglas en inglés, TMI), justo en medio del río Susquehanna, y a 32 kilómetros de Harrisburg –una ciudad de 250.000 habitantes–, en el estado de Pensilvania (EEUU). Era una central nuclear de agua a presión (PWR) con tecnología de Babcock & Wilcox.
Hace 30 años, lo que los ecologistas, técnicos y científicos opuestos a la energía nuclear habían predicho, acabó sucediendo. Lo que muchas personas temían que podía ocurrir se produjo. Lo que los defensores o interesados en el negocio nuclear habían dicho que no era posible, que la probabilidad de que ocurriera era infinitamente pequeña, pasó.
La unidad 1 de la central nuclear de TMI había funcionado solo unos meses y a consecuencia del accidente, que supuso la fusión parcial del núcleo del reactor, jamás volvió a funcionar. La descontaminación y limpieza del reactor accidentado, que alegremente se anunció que estaría completada a finales de 1982, 10 años después del accidente no había finalizado todavía. Y el coste acumulado de los trabajos subió hasta cantidades astronómicas. La descontaminación del reactor fue solo una parte de la historia.
Grupos de ciudadanos y sus representantes en los ayuntamientos perdieron la batalla que emprendieron (duró más de seis años y medio) contra la reapertura de la unidad 1 de TMI, gemela de la unidad 2, que se paró a causa de la unidad accidentada. Se autorizó de nuevo el funcionamiento de la unidad 1 con las mismas personas que, como todos los informes oficiales hicieron explícito, habían llegado a récords increíbles de mala gestión, las mismas que habían ocultado información a las autoridades estatales y federales, impidiendo que se tomaran medidas para proteger a los habitantes de la zona. Eran las mismas personas, reitero, que habían liberado ilegalmente 43.000 curies de criptón-85 y otros gases radiactivos un año después del accidente; las que amenazaban a los trabajadores que denunciaban violaciones de las normas de seguridad en el transcurso de los trabajos de descontaminación del reactor accidentado. Y de la misma empresa que había sido condenada por acciones criminales por la justicia de EEUU.
Todavía hoy, quienes viven cerca de la central ven vulnerado su derecho a saber lo que ocurre y esperan información de la cantidad total de radiactividad que se liberó a la atmósfera tras el accidente.
Por aquellos años, el president del primer Govern de la Generalitat restaurada mandó a un reconocido científico catalán a EEUU, el doctor Antoni Lloret, quien realizó un informe muy crítico con la tecnología nuclear y las centrales que entonces se estaban construyendo en Catalunya. Muy pocas personas hicieron caso de las recomendaciones que allí se hacían. El Parlament de Catalunya bendijo la construcción de las centrales nucleares de agua a presión, después de haber creado una comisión de investigación sobre las irregularidades denunciadas por el primer alcalde democrático de Ascó, el desdichado Joan Carranza, que mientras fue alcalde de Ascó, hizo todo lo que estaba en sus manos para impedir que la nuclear entrara en funcionamiento. Dejó de ser alcalde a causa de la maniobra democrática de la nucleocracia, que censó a las personas que trabajaban en la construcción de las dos unidades nucleares en el municipio. El día en que el combustible nuclear entraba en la central, Joan Carranza abandonaba Ascó, autoexiliándose, junto con toda su familia.
Diez años y siete meses después del accidente en TMI, y tres años y medio después del accidente de Chernóbil, la unidad 1 de la central nuclear de Vandellòs tuvo también un accidente (octubre de 1989) a causa del cual nunca más volvió a funcionar. Tampoco en este caso se informó de la cantidad total de radiactividad liberada (principalmente C-14 radiactivo), puesto que era un reactor de grafito-gas, refrigerado con CO.
Hoy tres décadas después del accidente del TMI, muchos ciudadanos y ciudadanas reclamamos al Parlament de Catalunya la creación de una nueva comisión de investigación que ponga al alcance de la ciudadanía toda la información necesaria para poder evaluar la experiencia nuclear de Catalunya, todo lo que ha supuesto a nivel ecológico, económico y energético. Paradójicamente, a pesar de las peticiones dirigidas a los grupos políticos representados en el Parlament de Catalunya y las entrevistas mantenidas con ellos por representantes de la coordinadora Tanquem les Nuclears, 100% Energies Renovables, ni uno ha demostrado ningún interés en hacerla posible. Por ello, y para recordar los 30 años del accidente en TMI, esta coordinadora ha dirigido una carta a todos los parlamentarios, pidiendo la creación de la citada comisión de investigación según las diversas competencias que el Estatut otorga a la Generalitat.
Igual que en TMI, también en Catalunya se sigue vulnerando el derecho a saber. ¿Hasta cuándo?
Josep Puig, Doctor Ingeniero
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