La Comisión Nacional de Energía (CNE) ha recibido el encargo de lanzar una consulta a la opinión pública (a través de su página web) que deberá entregar a la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y a partir de la cual pretende aportar medidas de ajuste regulatorio que se pudieran adoptar en el sector energético, en particular medidas dirigidas a atajar la evolución del déficit tarifario en el sector eléctrico y evitar un posible déficit estructural para el periodo 2012-2015 en el sector del gas.
El Consejo de la Comisión a principios de febrero 2012 abrió un proceso de consulta pública hasta el día 10 de febrero con objeto de recoger las opiniones y sugerencias de todos los agentes interesados con respecto a los cambios que, en su caso, pudieran introducirse en el marco regulatorio actual. Con esta medida la CNE quiere legitimar la opinión del sector eléctrico y gasista. Pero este organismo, no tiene nada de independiente y actúa como rehén de los oligopolios energéticos razón por la cual es incapaz de dar de forma transparente los costes reales de la electricidad en todo su ciclo.
El usuario energético debe dejar de ser un mero consumidor para participar produciendo con autoconsumo basado en renovables. Foto: Fundación Tierra.
El déficit de tarifa es la diferencia entre lo que se paga en la factura eléctrica y los costes en que incurren las empresas para suministrar la energía y que les son reconocidos por ley. Sin embargo, lo curioso del tema es que mientras el usuario doméstico paga la electricidad a 0,15 €/kWh el precio del mercado mayorista ronda los 0,05 €/kWh. Estos 0,10 €/kWh de diferencia deberían conformar el resto de conceptos de distribución, etc. Pero estos gastos nunca han sido publicados y sin embargo el Gobierno de España se inventó esta entelequia del déficit de tarifa con el plácet de las distribuidoras eléctricas. Conceptualmente, se argumenta que este desfase comenzó a producirse hace una década cuando el Gobierno comandado por el PP, optó por no subir la tarifa de forma suficiente y de generar una deuda de la que son acreedoras las cinco grandes productoras eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC Energía y Eon España). Sin embargo, más allá de los costes de generación que son públicos por las subastas energéticas diarias, los gastos que supuestamente alegan los oligopolios NUNCA se han publicado. Otro tema tiene que ver con el sistema de substastas de la energía eléctrica que beneficía a las grandes centrales hidráulicas y nucleares ya amortizadas y pagadas (pero este es otro tema que ya hemos abordado).
Los oligopolios argumentan que los Gobiernos posteriores y en especial con el mandato de Rodríguez Zapatero la situación se agravó sobremanera, en buena parte, por el incremento de las primas de las energías renovables. Pero este dato es falso dado que las primas a las renovables ya están contabilizadas en el recibo eléctrico. Sin embargo, tampoco se ha explicitado como se valora. Los oligopolios energéticos para defender sus centrales amortizadas térmicas y nucleares siguen confundiendo a la opinión púbica dando a entender que las primas a las renovables son dinero público cuando no es así. Bajo la entelequia contable del déficit de tarifa se argumentan que sólo las primas a las renovables supondrán 7.200 millones de euros en el 2012, un tercio de las tarifas de acceso, y de la propia financiación de los déficit que se van acumulando cada año y que se paga de forma aplazada a 15 años con intereses. De los 24.000 millones del espejismo de la deuda eléctrica supuestamente se han colocado ya en el mercado unos 14.000 millones. Todo un universo financiero que permite un cuantioso lucro encubierto por el propio Gobierno.
Es urgente revisar la formación de precios en el mercado mayorista de producción, para evitar remuneraciones desproporcionadas a instalaciones de sobra amortizadas. Foto: Fundación Tierra.
Sin duda, el déficit de tarifa es otras de las presuntas estafas de los mercados financieros y en la que ahora la CNE quiere legitimar sus posiciones argumentado que ha consultado a los agentes del sector, o sea a los propios que inventaron la ingeniería contable del déficit de tarifa. Recordemos que mientras se recortan las primas a las renovables los grande oligopolios energéticos que conforman la patronal eléctrica UNESA no paran de obtener beneficios contables. La rentabilidad del activo neto (ROA) del negocio de las eléctricas en España del conjunto de empresas cuyas acciones cotizan dentro del índice Ibex 35 es aproximadamente un 5,4%, pero esta cifra no contempla los beneficios que obtienen operando en el mercado latinoamericano y otros en los que no tienen que invertir como en el español.
El consumidor es rehén de los oligopolios energéticos que cuentan con el plácet del Gobierno español. Los oligopolios siguen imponiendo su ley. Por ejemplo, en la sustitución de contadores analógicos por los digitales estos no van acompañados de un certificado independiente metrológico contador por contador. Además los contadores digitales no muestran al usuario los vatioshora de consumo sino sólo los kilowatioshora, una medida claramente de falta de transparencia por parte de las distribuidoras eléctricas cuando los analógicos ya contabilizaban vatioshora.
La medida básica planteada a la CNE por Greenpeace es asegurar que el producto suministrado (electricidad, los hidrocarburos líquidos?) sea remunerado de acuerdo con la totalidad de los costes que ha supuesto realizar las distintas actividades destinadas a proporcionar dicho suministro. Foto: Greenpeace, acción en la central nuclear de Cofrentes.
La hipocresía de la CNE con el déficit de tarifa es absoluta y basta sólo analizar las preguntas que se incluyen en la consulta pública:
1. ¿Cuáles son las medidas que considera necesarias para garantizar la sostenibilidad económico- financiera del sistema eléctrico, tanto desde una perspectiva de corto, como de largo plazo?
2. ¿Qué medidas propondría en concreto en relación con la regulación de las actividades reguladas tanto desde una perspectiva de corto, como de largo plazo?
3. ¿Qué medidas introduciría en la regulación de la producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos? (calendario de implantación, sistemas de apoyos, integración en los mercados …)
4. ¿Cuáles son las medidas que considera necesarias para mejorar el funcionamiento eficiente y el nivel de competencia en el mercado mayorista de electricidad y en la operación del sistema?
5. ¿Cuáles son las medidas que considera necesarias para estimular el funcionamiento eficiente y el nivel de competencia en el mercado minorista de electricidad?
Es hora de que el consumidor se organice para clarificar el funcionamiento del sistema eléctrico que sigue siendo opaco y rehén de las decisiones que los oligopolios obligan a tomar al Gobierno. La ciudadanía deberíamos inundar los mails de la CNE pidiendo que den los datos reales entre lo que se paga el kilovatio hora en el mercado y lo que debería pagar el consumidor. Tampoco se argumenta como es que en el mercado liberalizado o de los grandes consumidores el precio de la electricidad es más barato que el de la Tarifa de Último Recurso y las empresas compiten por los clientes sin quejarse del déficit de tarifa. Greenpeace ha lanzado una batería de medidas para detener el déficit tarifario.
El sistema eléctrico español es de los más opacos de Europa.
Desenmascarar la trama eléctrica española es la asignatura pendiente de nuestra democracia. En este sentido la Coordinadora de Apoyo a las Energías Renovables (que agrupa a más de cincuenta entidades de diversos ámbitos) ha decidido emprender (10 de febrero 2012) las acciones oportunas para preparar una eventual denuncia ante los organismos de la Unión Europea contra la moratoria al desarrollo de las energías renovables que implica el RDL 1/2012, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes 27 de enero y ratificado hoy en el Pleno del Congreso con los votos del Partido Popular. La directiva de renovables fija como objetivo el 20% de consumo final de renovables en 2020 y la de edificios que en 2020 todos los edificios sean de consumo de energía casi nulo con renovables pero, además, ambas establecen medidas concretas para eliminar las barreras que impiden el desarrollo de las renovables para alcanzar dichos objetivos, como son la inestabilidad regulatoria, las trabas administrativas y los obstáculos para su conexión a la red. La norma aprobada por el Gobierno contra las primas a las renovables vulnera especialmente el primero de estos criterios básicos de la política energética de la Unión Europea porque mantiene, por su temporalidad, el riesgo regulatorio y la inseguridad jurídica para las nuevas inversiones.