En el libro de El informe Pelícano de John Grisham, la trama principal era el asesinato de dos jueces por parte de los poderes fácticos ya que a unos meses de que el Presidente terminara su mandato y por si no fuera reelegido nombrara jueces favorables a uno de sus principales contribuyentes de la campanya y no pudiera de este modo ser perjudicado en los tribunales en una causa destinada a saquear recursos públicos (en el libro, una reserva natural).

Espanya está viviendo su versión light (sin asesinatos, por el momento) del mismo argumento: el saqueo de lo público, en este caso de la gestión más rentable en agua potalbe que tenía el país y que el Gobierno del Partido Popular actual (2014) quiere “privatizar” para beneficiar a diversos fondos privados. Se trata de la privatización de la empresa pública Canal Isabell II.

Curiosamente, esta empresa pública ha sido siempre rentable. En la anterior legislatura del Gobierno del Partido Popular y en aplicación de su economía neoliberal esta empresa se convirtió en una codiciada presa. Los datos hablan por sí solos: las inversiones han caído más de un 56% desde 2011, mientras los beneficios han aumentado un 43%. Esto se ha consiguido con una reducción de los gastos de personal del 12,5% que precarizan las condiciones laborales de los trabajadores (los temporales aumentaron un 72,6% desde 2009) y con la reducción de los gastos de explotación y menores amortizaciones. 

Además se generó una deuda para lastrar la economía del Canal Isabel II, la cual fue básicamente una estrategia de pantalla. La deuda del Canal Isabell II que asciende a 1.168 millones de euros es el resultado del “regalo” que la Comunidad de Madrid hizo al Ayuntamiento de Madrid en 2006. Este en realidad obligó al Canal Isabell II a comprar los derechos de explotación del saneamiento, depuración y reutilización de aguas depuradas.

El Canal Isabell II sigue dando beneficios y esta deuda era la excusa perfecta para argumentar todas las maniobras de privatización tales como que peligraba la calidad del servicio y el mantenimiento de las tarifas, cuando en realidad el objetivo es, CLARAMENTE, privatizar la empresa Canal Isabell II. Por sus características (una gestión pública impecable en el pasado) ha sido y es una empresa de alta rentabilidad. Por tanto, se trata de un activo público que puede beneficiar a “inversores” amigos que de este modo estén en “deuda” con los responsables políticos que lo facilitaron.

Los buenos resultados económicos anuales generados por la empresa no se han destinado a reducir la deuda (que fue una estratagema), sino a repartir casi todos los dividendos, salvo los que la ley obliga a retener. Llama la atención, por tanto, que los buenos resultados generados por la empresa no se hayan destinado a reducir la deuda, sino a repartir casi todos los dividendos, salvo los que la ley obliga a retener y una mínima reserva creada el último año.

Desde que en 2008 el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunciara el inicio del proceso de privatización del ente público, el Canal de Isabel II ha obtenido unos beneficios de 881 millones de euros de los cuales no han destinado ni un céntimo a cubrir las supuestas necesidades de inversión tan aireadas por el Partido Popular de Madrid. La congelación demográfica de Madrid pone de manifiesto que la intención anunciada de ampliar el número de embalses era sólo un guiño a las empresas constructoras que están al acecho de la presa.

Algunas de las actividades de una empresa que muestran que gestiona todo el ciclo del agua en la Comunidad de Madrid

La jugada del Gobierno actual del Partido Popular es brillante. Quiere que el Canal Isabel II se endeude con un sistema de bonos que constituye una financiación más rígida regulado con mano de hierro a nivel internacional. Una estrategia maestra en el proceso de privatización ya que los posibles compradores de este tipo de deuda son los mismos que posteriormente podrían comprar las acciones para quedarse con control del Canal Isabel II. Desde que, Esperanza Aguirre, argumentó en 2008 –cuando anunció su intención de privatizar el 49% del Canal– que la entrada de capital privado respondía a las grandes inversiones que se avecinaban, lo cierto es que desde 2011 –último año antes de la creación de Canal Gestión– el gasto en esta partida no ha dejado de caer: de 501 millones ese año, se ha pasado a invertir tan sólo 217 en el año 2013.

La Plataforma contra la Privatización del Canal Isabel II exige al Canal de Isabel II Gestión S.A. que "actúe con transparencia e informe de sus actuaciones y hace un llamamiento a las organizaciones políticas y ciudadanas para luchar por todos los medios posibles contra este atropello". Es la última oportunidad de un proceso que comenzó en el 2006 y que ahora se quiere culminar antes que el Partido Popular como indican todos los sondeos pierda las elecciones del 2015.

Los madrileños deberían salir a la calle pues este asunto va a terminar con la calidad del agua que hasta ahora gozaban y los precios razonables. Esta historia es muy parecida a la que Iciar Bollaín planteó en su película También la llúvia. Lo lamentable es que por ahora la venta de los activos de España supera cualquier ficción y no es una película, sino una realidad.

Portada del libro que denuncia la privatización de la gestión del agua en la Comunidad de Madrid.

El libro, MÁS CLARO AGUA. El plan de saqueo del Canal de Isabel II, según el experto José Manuel Naredo, documenta y denuncia un caso muy relevante y descarado de saqueo de lo público. No se trata de un caso aislado sino que, por desgracia, ejemplifica y culmina prácticas que han venido siendo comunes en nuestro país durante los últimos tiempos.

El interés de este libro trasciende del que correspondería a un notable estudio de caso, para ilustrar de forma más general el saqueo de lo público que han venido practicando impunemente ciertas elites o «castas» en nuestra coronada y despótica democracia. «Castas» o elites que acostumbran a camuflar su comportamiento caciquil enarbolando a modo de señuelo banderas liberales y democráticas para desviar las críticas hacia supuestos imperativos de los mercados y la competitividad que ellos mismos se saltan a la torera a diario, para imponer y adjudicar sigilosamente a la carta privatizaciones, operaciones, plusvalías, contratas y regalos en beneficio de intereses bien particulares, y en perjuicio de la mayoría.