Noviembre 2005.
Un accidente mortal de 4 personas el pasado 24 de octubre en el
aeródromo de Sabadell al estrellarse una avioneta contra una grúa
situada de forma ilegal en un edifcio en construcción pone otra vez
sobre el tapete la polémica respecto a este tipo de infraestructuras.
Nadie puede ser ajeno a que este pequeño aeropuerto dedicado
esencialmente a la formación y mantenimiento de pilotos y que ocupa a
más de 300 personas ha sido tradicionalmente gestionado sin pasión por
la administración aeronáutica la cual ha sido permitido la glotonería
de los municipios que lo rodean, que, como todos, sobreviven merced a
la actividad constructora, y que poco a poco lo han ido literalmente
cercando.
La responsabilidad por las víctimas del accidente mortal de la avioneta
que chocó con una grúa ilegal recaen directamente no sólo sobre la
empresa de la grúa, que también, sino de forma especial contra los
representantes políticos que la autorizaron (caso del alcalde de la
población vecina de Sant Quirze del Vallès) como de la propia autoridad
aeronáutica (AENA) que no ha velado para que se cumplan los pasillos de
seguridad en la prolongación de la pista. Curiosamente, el aeropuerto
de Sabadell constituye un ejemplo paradigmático de problemática
ambiental. Esta instalación es básica en la política de extinción de
incendios y para la protección civil. La mayor parte de los pilotos que
se forman en escuelas que operan en este aeropuerto acaban siendo
profesionales del sector entre los que la vigilancia, rescate,
protección civil, etc. es fundamental. Sin embargo, las poblaciones
vecinas se quejan del ruido, aunque esta molestia (no mayor que otras
puesto que el aeródromo sólo opera en horario diurno y no con aviones a
reacción) por la falta de una administración proactiva que en este
asunto podría haber intervenido para adaptarla a los estándares
europeos hace años.
Los vecinos que han cercado al aeropuerto, que por cierto está
instalado en la zona desde 1938, en los últimos lustros se han quejado
de molestias por el ruido y por sentirse amenazados por la posible
siniestralidad. Lo cierto es que en los pocos accidentes habidos nunca
se ha registrado una sola víctima civil. Y es que los pilotos son
adiestrados para que en caso de accidente no causen daños a terceros.
Es evidente que la seguridad total no existe en ninguna actividad
humana, sin embargo, el riesgo puede minimizarse y no por ello deben
prohibirse. En este sentido la administración aeronáutica en los
últimos lustros tampoco ha evitado que municipios como Sant Quirze del
Vallès edificaran en la estela del aeródromo.
En nuestro país la justicia apenas toca a los políticos a pesar que sus
actos de prevaricación como en este trágico accidente se cebara en
vidas humanas. El acoso urbanístico ilegal al aeródromo de
Sabadell debería atajarse y expropiar las viviendas que han
ocupado el pasillo de seguridad legal. Las indemnizaciones deberían
correr a cargo del Ayuntamiento que las ha autorizado. Sin
embargo, el Gobierno optó por cerrar de forma cautelar el aeropuerto
dejando que se perdieran centenares de miles de euros y que 300
personas no pudieran trabajar. Lo que está claro es que esta
instalación ofrece un gran servicio por su estratégica ubicación y no
tiene sentido ubicar aeropuertos de formación lejos de los centros
urbanos donde viven los alumnos.
El problema no es la seguridad de un aeropuerto, sino la gestión. Y la
gestión de una instalación pública no puede costar vidas y hay que
depurar responsabilidades de todos los implicados por activa o por
pasiva. Lamentablemente, los políticos deberían ser procesados con más
contundencia ante el uso displicente que hacen de sus poderes y que
como en el caso del accidente de Sabadell perezcan personas que se
habrían salvado a no ser por una grúa ilegal. Los problemas demasiado a
menudo empiezan por actitudes negligentes, por una ciudadanía
irresponsable y por políticos que no cumplen con su cometido.
