Si los españoles tenemos derecho de forma fácil a ser abonados a la electricidad también debemos tener el derecho de forma fácil a autoproducir nuestra energía si tenemos un contrato de suministro de energía eléctrica. La Fundación Tierra reclama la igualdad energética para la autoproducción solar fotovoltaica doméstica, pues las centrales solares fotovoltaicas de pequeño tamaño no son diferentes de un electrodoméstico cualquiera, sólo que genera energía y ahorra emisiones.

España lleva 10 años legislando la producción energética renovable como una actividad económica tipificada como “fábricas de electricidad”. De este epígrafe se derivan condiciones inasumibles y absurdas para los usuarios domésticos, comunidades de vecinos, pequeñas empresas, etc. Toda la política de desarrollo de las renovables se ha realizado con el único patrón de vender electricidad a la red eléctrica.

La energía fotovoltaica cumple con dos condiciones para que se adapte a las necesidades domésticas: es modulable y es fácilmente integrable en las viviendas. Sin embargo, el Gobierno de España sigue el dictado de los oligopolios energéticos regulando hasta la saciedad para impedir el acceso a la red eléctrica de la ciudadanía.

Barrio de Vauban en la ciudad alemana de  Freiburg en el que se ha integrado la energía solar para autoconsumo en todas las viviendas.

La Fundación Tierra viene defendiendo desde hace años que el desarrollo de la energía fotovoltaica debe ir ligado al ahorro energético y que este debe producirse en el mismo lugar de consumo. Por este motivo reclama el derecho a que cualquier ciudadano con un contrato de suministro eléctrico pueda ser autoproductor energético y tener una tarifa especial (no un incentivo ni una subvención), que trasponga los beneficios socioambientales de invertir en su punto de consumo eléctrico con energía fotovoltaica.

La Fundación Tierra propone dos medidas bien simples que debería cumplir cualquier abonado por debajo de 70 kW de potencia contratada en baja tensión:

• que la potencia fotovoltaica admisible en un punto de consumo no supere en un 70 % de la potencia en kilowatios contratados y
• que la producción fotovoltaica no pueda superar un máximo del 170 % del consumo medio en el punto de suministro.

Además debería caber la posibilidad que si el punto de conexión de la central fotovoltaica no dispone de medidas para que el usuario pueda tener autoproducción este debería poderlo tener adscrito en otro punto siempre y cuando tenga las mismas características del interesado y técnicamente sea posible.

Autoproducción: tan fácil como contratar el consumo eléctrico

Para la legalización de una central fotovoltaica de menos de 70 kW se propone que hasta 10 kW sea suficiente el boletín firmado por el instalador acreditado y de 11 a 70 kW que se requiera de un proyecto técnico firmado por un ingeniero al que se acompañe del boletín de legalización al igual que si fuera un punto de consumo. Por su parte la distribuidora eléctrica simplemente debería dar la potencia contratada de autoproducción a REE como hace actualmente con los contratos de consumo, para que esta gestione la red como le corresponde.

La Fundación Tierra denuncia que la legislación española que regula las instalaciones fotovoltaicas sea un laberinto burocrático y un sistema incapaz de permitir la participación de la ciudadanía. Por eso reclama que se aplique el mismo concepto que a los aparatos de climatización a las centrales fotovoltaicas de menos de 70 kW, ya que se trata de electrodomésticos solares que contribuyen al ahorro energético y de emisiones con efecto invernadero.

Una medida de este calado no sólo contribuiría al ahorro energético sino también a la creación de empleo tanto para la instalación como para el mantenimiento. Además, según la Fundación Tierra, legislativamente es muy sencillo porque de la misma forma que hay una tarifa eléctrica para frenar la pobreza energética se puede articular una tarifa eléctrica solar que contribuiría a la autonomía energética.

El complejo de Google en el que sea aprecia la instalación de paneles fotovoltaicos en todos los edificios. Foto: Google.

Una tarifa especial para la energía solar, no una subvención

Una tarifa eléctrica solar es el instrumento que debería regular el precio o la repercursión de los beneficios socioambientales que se derivan de la inversión ciudadana autoproduciéndose su energía. La Fundación Tierra reclama que el sistema de primas ha demostrado no ser eficaz más que para producir una oleada de especulación económica.

Un tarifa eléctrica solar debería ser un coeficiente negativo ligado a la potencia de generación y a la producción eléctrica de forma que supusiera un menor coste en el kilowatio de consumo gracias al diferencial de autoproducción. Esta sería una forma de ser corresponsable con los beneficios colectivos de la inversión ciudadana en autoproducción con energía renovable. En España hay 24 millones de abonados con tarifa doméstica de último recurso (por debajo de 10 kW) y unos 2 millones en el mercado liberalizado. La Fundación Tierra defiende que toda inversión en autoproducción energética debe apoyarse y más en un país que ha superado su cuota de emisiones con efecto invernadero de forma alarmante.

Barcelona, 27 de mayo 2010