25 abril 2002. Hace 4 años, a las 3.30 de la madrugada, del sábado 25 de abril de 1998 se produjo la rotura del dique de la balsa de residuos de Minas de Aznalcóllar, y más de cinco millones de metros cúbicos de lodos tóxicos fueron vertidos al río Agrio, afluente del Guadiamar. En pocas horas los lodos y el agua tóxica cubrieron más de 5.000 hectáreas. La historia de una de las mayores catástrofes ecológicas, cuyas dimensiones se deben a la desidia de las administraciones central y autonómica, había empezado. El desastre esparció cerca de 2,5 millones de metros cúbicos de lodos por los cauces del Agrio y el Guadiamar. Según el CSIC, los lodos vertidos contenían 8.000 gramos de zinc por tonelada, 8.000 gr. de plomo, 5.000 gr. de arsénico, 2.000 gr. de cobre, 90 gr. de cobalto, 55 gr. de talio, 70 gr. de bismuto, 28 gr. de cadmio y 15 gr. de mercurio. Los lodos también contenían de 4 a 10 gramos por tonelada de aminas aromáticas e hidrocarburos policíclicos. El responsable directo de este desastre fue la empresa Boliden Apirsa, propietaria de la presa. Boliden pertenece al grupo Trelleborg, con sede en Toronto (Canadá). Cuatro años después de este lamentable accidente, la mina ha cerrado, 425 trabajadores han perdido sus empleos, y según un informe de la Escuela de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid, la contaminación afectará durante al menos los próximos 75 años al acuífero Niebla-Posadas.

Las pérdidas económicas superaron los 240 millones, de euros como mínimo, dado que cerca de 5.000 hectáreas quedaron arruinadas para cualquier tipo de cultivo durante muchos años, tanto por la contaminación, como por los propios trabajos de limpieza, que en muchos casos eliminaron los suelos fértiles.

El caso de Aznalcóllar no fue un hecho aislado, pues en España, según Adena/WWF, existen todavía 743 balsas mineras. A pesar de la triste experiencia de Aznalcóllar, actualmente se encuentra en fase de información pública el proyecto de apertura de una nueva mina a cielo abierto, entre Gerena y Guillena, en plena área de influencia de Doñana, y a sólo 25 Km de Sevilla, por parte de una empresa minera de EE UU. La presencia de este tipo de balsas que contiene habitualmente metales pesados suponen una bomba de relojería sobre el territorio en qué se ubican. La persistencia y la bioacumulación, muy especialmente de elementos como el cadmio y el arsénico, hace que se acumulen en los ecosistemas y sus efectos pueden notarse, aunque de forma lenta e insidiosa, a lo largo de muchos años. La fecha del 25 de abril no deberíamos olvidarla. Aquel día fueron tierras andaluces las que padecieron los terribles efectos de la contaminación, pero la amenaza se cierne en otros puntos del país. En Huelva (véase el informe publicado por Integral y en versión íntegra en el portal) la contaminación industrial está causando graves efectos sobre la salud de las personas. La Junta de Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente se han gastado hasta la fecha cerca de 120 millones de euros en limpiar la zona afectada, cantidad a la que hay que añadir los 48 millones de euros invertidos por la Junta de Andalucía en la restauración ambiental, y los 60 millones de euros que costó la expropiación de las tierras afectadas por el desastre. La juez Cecilia Belhadj-Ben archivó el caso Aznalcóllar el 27 de diciembre de 2000, concluyendo que ni Boliden ni Dragados y Construcciones incurrieron en un delito de imprudencia grave, y no tienen responsabilidades en el caso. Se apunta que la
misma juez ya había archivado en 1996 las diligencias por las filtraciones en el dique de la balsa minera.